Puerto Rico solicita asistencia a EEUU para atender el desempleo por el COVID-19

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CORONAVIRUS PUERTO RICO

San Juan, 24 mar (EFE News).- La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, ha solicitado formalmente al Gobierno federal, por medio de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), fondos para atender la salud emocional y la necesidad de asistencia por desempleo de los residentes de Puerto Rico, debido al impacto del COVID-19.

A ello se une el paquete económico anunciado este lunes por la mandataria de 787 millones de dólares, destinado a mitigar los efectos de la pandemia en la isla.

Se trata de unas ayudas que superan a las ofrecidas por cualquier otro territorio estadounidense, según la dirigente de la isla, donde hay actualmente 39 casos positivos por COVID-19.

“Los puertorriqueños, los oficiales de primera respuesta de la isla, los funcionarios locales y las organizaciones de trabajo voluntario han dado su máximo con jornadas de trabajo prolongadas”, recordó este martes, a través de una comunicación oficial, para respaldar la solicitud de fondos para la asistencia a la salud emocional y para atender el desempleo que está provocando la pandemia en la isla.

Las organizaciones voluntarias, en particular, “sufren de agotamiento y ven poco a aporte económico que les llega para asistir a la ciudadanía en sus respectivas áreas. Por eso, es nuestra prioridad brindarles las herramientas necesarias para que sobrepasen esta emergencia”, recordó la primera ejecutiva.

Vázquez también quiso dejar clara la “excelente comunicación que mantenemos con el gobierno federal” lo que, dijo, “nos ha permitido lograr ayudas sin precedentes para el bienestar económico y social de nuestro país. Reafirmamos nuestro compromiso de afianzar las relaciones con la capital federal para hacerle justicia a los trabajadores, organizaciones y empresas que día a día echan al país hacia delante, sin importar las adversidades”.

Los servicios de salud mental solicitados bajo el Programa de Consejería ante Crisis (CCP, en inglés) de la Asistencia Individual de FEMA apoyarían a los sobrevivientes y a las comunidades a acceder y conocer estrategias saludables de manejo emocional mientras continúan trabajando la resiliencia.

La gobernadora explicó que los servicios, además, ayudarán al magisterio a trabajar con estudiantes y padres que estén manifestando reacciones de ansiedad ante la emergencia, además de apoyarlos a manejar su propia ansiedad.

Mientras, la Asistencia de Desempleo por Desastre (DUA, por su sigla en inglés) podrá proveer beneficios de desempleo y de reempleo a personas que se hayan quedado sin trabajo como resultado de esta emergencia.

Por su parte, el director ejecutivo de la Oficina para la Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3, por su sigla en inglés), Ottmar Chávez, explicó que Puerto Rico “cuenta con líneas de emergencia disponibles para atender una amplia variedad de servicios de salud”.

Sin embargo, apuntó, el incremento de casos va “mucho más allá” de los recursos con que cuentan y a la emergencia se añade una “gran cantidad de residentes de la isla” que han perdido sus trabajos como consecuencia de esta emergencia.

Chávez también indicó que actualmente cuentan con una fuerza de recursos humanos “comprometida, pero limitada”, para apoyar a largo plazo, más aún cuando estos proveedores de servicio siguen atendiendo a ciudadanos afectados por los pasados terremotos.

Además, la gobernadora indicó que la subvención del 100 % para trabajos de emergencia bajo la Categoría B, será para continuar las actividades de emergencia actuales y ejecutar medidas futuras necesarias; esto incluye al Programa de Asistencia Individual.

“Esta asistencia federal va más allá de los esfuerzos de recuperación e incluye muchos aspectos de la recuperación económica, lo que es fundamental para la recuperación a largo plazo y para la sostenibilidad de la isla”, concluyó la gobernadora.

Ayer, Vázquez anunció un ambicioso plan que incluye el mantener el pago de los salarios de los funcionarios públicos del Gobierno, cerca de 134.000 personas, a pesar de que no pueden asistir a sus puestos de trabajo.

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