Miami, 12 may (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió este viernes que un proyecto de ley en Perú que busca aumentar las sanciones a los delitos de difamación y calumnia es “un serio retroceso para la libertad de prensa, el libre ejercicio del periodismo y el derecho del público a la información”.
En un comunicado, el organismo hemisférico señaló que el proyecto de ley 2862, conocido como “ley mordaza” y que podría ser aprobado por el Congreso la próxima semana, incrementa las sanciones de cárcel por delitos de difamación y calumnia a cinco años, y las multas a entre 90 y 120 días.
Las sanciones, de acuerdo con la SIP, se impondrán en el país sudamericano cuando se trate de la utilización indebida de medios de comunicación, redes sociales y sitios web en contra de funcionarios públicos.
“Contradice la jurisprudencia interamericana, la que pide que las demandas en contra de los periodistas sean atendidas en el foro civil, no en el penal”, señaló en el comunicado el presidente de la SIP, Michael Greenspon, quien es además director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times.
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, expresó preocupación por “el efecto negativo” que tendría el proyecto de ley si se aprueba.
Iría “en contra del ejercicio del periodismo y la investigación periodística y por sus consecuencias en el derecho del público a la información”, expuso Jornet.
En 2014, ante un pedido de la SIP que envió una delegación internacional a Lima, capital de Perú, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Mendoza Ramírez, exhortó a los jueces a ser más cuidadosos al admitir demandas contra periodistas cuando tuvieran la intención de generar autocensura.
Por entonces, señala el comunicado, la SIP había advertido sobre la “industrialización de las demandas” por parte de funcionarios para evitar que el periodismo siguiera destapando casos de corrupción pública.
Desde hace décadas, y a través de su Proyecto Chapultepec, consigna la SIP, el organismo “viene impulsado medidas para descriminalizar los delitos de difamación en contra de periodistas, promovidos por funcionarios públicos en casos de interés público”.
Entre los países de las Américas que han despenalizado la difamación figuran Argentina, Bermudas, Chile (parcial), El Salvador, Granada, Honduras, Jamaica, México, Panamá, República Dominicana (parcial) y Uruguay, informó la entidad, que tiene su sede en Miami, Florida (EE.UU.).