Los Ángeles, 18 abr (EFE).- Congresistas demócratas presentaron este martes un proyecto de ley que establecería el derecho a un abogado financiado por el Gobierno federal para los migrantes que enfrentan la deportación y carecen de recursos para una representación legal.
“La expulsión de inmigrantes tiene consecuencias que alteran la vida, pero debido a que son de naturaleza civil (y no penal), las personas actualmente no tienen derecho a un abogado” de oficio, se lamentó la congresista Pramila Jayapal, una de las impulsoras de la medida.
Más de 1 millón de personas, incluidos adultos y niños, se enfrentan actualmente a la deportación en un tribunal de inmigración sin representación legal, mientras que muchas más son deportadas sin representación en procedimientos sumarios que se llevan a cabo fuera de la sala del tribunal, señalaron los congresistas.
La iniciativa fue presentada entre otros por los senadores Cory Booker y Kirsten Gillibrand y los congresistas Norma Torres y Grace Meng.
El proyecto ha sido impulsada por los defensores de los inmigrantes que han demostrado que la presencia de abogados para los migrantes que enfrentan deportación significa una “gran diferencia”, según explicó hoy el Instituto Vera, que ha promovido el proyecto de ley.
Cita un estudio según el cual los migrantes con representación legal tienen 5,5 veces más probabilidades de ganar el caso en la corte de inmigración.
En Estados Unidos, los inmigrantes que enfrentan un proceso de deportación no tienen derecho a ser representados por un abogado público.
En los más de 2,1 millones de casos pendientes en la corte de inmigración, más de 1,2 millones de personas carecen de ayuda legal, según el Instituto Vera.
En ese sentido, Lindsay Toczylowski, directora ejecutiva del Immigrant Defenders Law Center en California, dijo en un comunicado que “debemos comprometernos con el debido proceso al corregir el desequilibrio actual en nuestros tribunales de inmigración”.
La activista hizo un llamado al Congreso para que apruebe y al presidente Joe Biden para que firme la llamada Ley de Equidad para la Libertad (The Fairness to Freedom Act en inglés).
Ante la falta de representación legal para los extranjeros en las cortes de inmigración, más de 50 jurisdicciones en todo el país, incluidos los estados de Nevada y Colorado, Dallas (Texas) y el condado Dane (Wisconsin) han creado sus propios programas de representación legal financiados con fondos públicos.
Legisladores de Nueva York también discuten una medida estatal que de aprobarse convertiría al estado en el primero en garantizar el derecho a un abogado para migrantes que enfrentan la deportación. En pasado 6 de abril, Torres y otros 57 representantes a la Cámara enviaron una carta solicitando 150 millones de dólares en fondos para expandir los programas federales que brindan cierta representación legal a inmigrantes.