San Salvador, 13 feb (EFE).- Dos organizaciones humanitarias presentaron este jueves en San Salvador una propuesta de ley para la protección de los derechos de las personas migrantes y sus familiares, la cual incluye la experiencia de ONG y parientes en la búsqueda de personas desaparecidas y fallecidas en su ruta a los Estados Unidos.
La propuesta fue presentada públicamente por la Asociación Comité de Familiares Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide), acompañada por la organización humanitaria Tutela Legal “María Julia Hernández”.
El abogado Miguel Deras, consultor en la elaboración de la iniciativa, señaló que “El Salvador nunca ha tenido una ley que abarque los derechos de las personas que migran y de sus familias que se quedan en el país”.
Indicó que buscarán que “se abra una puerta” ante la Asamblea Legislativa para que se inicie la discusión en dicho órgano de Estado de la propuesta de Ley de Protección Integral de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y sus Familias.
“La meta es colocar el tema en el mapa, que los diputados conozcan lo que las familias necesitan”, sostuvo el abogado, quien señaló que la mayoría de salvadoreños desconocen los mecanismos de búsqueda dentro de El Salvador y en México, por lo que se incluyen en la propuesta de ley.
Explicó que entre las novedades se encuentra el reconocimiento del derecho a la búsqueda y a la repatriación digna.
Omar Jarquín, secretario de COFAMIDE, sostuvo que actualmente “los procesos de búsqueda, localización, identificación y repatriación carecen de sustento legal”.
“Además de la ausencia de un marco legal específico, las condiciones de vulnerabilidad de las familias dificultan enormemente sus posibilidades de éxito en la búsqueda de sus seres queridos”, acotó.
De acuerdo con Jarquín, Cofamide mantiene al menos 300 casos activos de migrantes desaparecidos y ha logrado resolver otros 125 desde el año 2000.
María Larios, madre de un joven desaparecido en la ruta del migrante a Estados Unidos, llamó a los legisladores a brindar un espacio de discusión de la propuesta, que incluya a organizaciones civiles y otros instituciones del Estado.
Cada año, más de 500.000 personas procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras intentan emigrar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, incluyendo miles de menores de edad.
La cifra de salvadoreños deportados desde los Estados Unidos durante 2024 se elevó un 22,2 %, en comparación con el año 2023, de acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).