Los Ángeles, 9 may (EFE).- Defensores de los derechos humanos presentaron este jueves una queja contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Grupo GEO, encargado de operar las cárceles de inmigración, por supuestamente negar a los detenidos acceso a representación legal, alimentos y atención médica básica.
La Coalición Shut Down Adelanto, la Unión Estadounidense de Derechos Civiles del Sur de California (ACLU SoCal) y la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Universidad de Stanford presentaron la queja formal ante la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes (OIDO).
La denuncia detalla numerosos casos en los que GEO y ICE supuestamente violaron las normas federales que rigen la detención de inmigrantes en el Anexo Desert View y el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, ubicado en el sur de California, según dijo ACLU en un comunicado.
Censura que las conversaciones entre los detenidos y sus abogados son interrumpidas continuamente hasta el punto de eliminar el acceso a la representación legal.
Los defensores también alegan que, en lugar de darles tratamiento médico, los inmigrantes en riesgo de suicidio son aislados, “lo que puede tener efectos perjudiciales y potencialmente mortales”.
También denunciaron el retraso de tratamientos aprobados para inmigrantes, como cirugías y el acceso a medicamentos.
“Está rotundamente claro que el Grupo GEO es incapaz de operar una instalación segura”, dijo Eva Bitran, directora de derechos de los inmigrantes de la ACLU SoCal.
“La oficina del Defensor del Pueblo debe corregir las condiciones y, si no puede, debe rescindir su contrato con el Grupo GEO y cerrar las instalaciones”, agregó.
La OIDO se creó en 2019 para investigar y reparar denuncias sobre violaciones de las normas de detención de inmigrantes u otras faltas de conducta.
Jayashri Srikantiah, director de la Clínica de Stanford, explicó que la oficina está obligada a tomar medidas cuando el Grupo GEO y el ICE no cumplen con las normas de detención y la ley federal.
La denuncia pide a la OIDO que lleve a cabo una investigación inmediata y que se aumente la transparencia en torno a las quejas presentadas por personas detenidas en los dos centros.
El Anexo Desert View puede albergar hasta 400 personas y los activistas estiman que actualmente hay 200 personas detenidas.
El centro de Adelanto puede albergar a cerca de 1.500 detenidos; sin embargo, debido a un litigio en curso, las instalaciones permanecen casi vacías y solo mantiene recluidas a cinco personas.