Redacción HOLA News | [email protected]

Jacksonville, FL.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el 8 de enero  que la situación legal de 262.000 salvadoreños acogidos al TPS concluirá en septiembre de 2019, lo que les obligaría a abandonar Estados Unidos o buscar otro camino legal para permanecer en el país tras casi 20 años de protección.

La respuesta del gobierno estadunidense a los salvadoreños amparados bajo este beneficio sacudió a la comunidad inmigrante en el país, provocando reacciones desde activistas proinmigrantes hasta políticos de ambos partidos.

Por su parte, el gobierno de El Salvador presentó el anuncio  del DHS como “un reconocimiento al aporte y trabajo de los salvadoreños en EE. UU., destacando que se trataba de una “prórroga” de 18 meses, mientras del Departamento de Seguridad Nacional lo nombraba como una “cancelación” del TPS.

La respuesta del gobierno de Salvador Sáncez Cerén causó indignación entre los ‘tepesianos’ que ahora tienen que buscar alternativas legales que les permitan quedarse en el país, o prepararse para volver a su país.

Residencia para ‘tepesianos’

El 10 de enero,  el congresista republicano Mike Coffman presentó una iniciativa legal que pondría fin al programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), pero otorgaría residencia legal permanente a aquellos que hubieran disfrutado del mismo.

“Esta legislación ayudará a aquellos que han estado viviendo y trabajando en Estados Unidos bajo el TPS durante muchos años, a tener un estatus legal que les dé un camino hacia la residencia legal permanente y eliminar su temor a la deportación”, dijo Coffman sobre la llamada ‘Ley TPS de 2018’.

El Congreso estadounidense creó el TPS en 1990 como parte de la ‘Ley de Inmigración de 1990’ para establecer un sistema uniforme para otorgar protecciones temporales a los ciudadanos extranjeros que no pudieran regresar a sus países de origen debido a un conflicto armado, guerra civil o desastres naturales.

Coffman considera que aunque el programa del TPS es “defectuoso” en tanto que aquellos ciudadanos de países empobrecidos nunca querrán regresar a ellos, incluso después de que las condiciones por las que se les concedió la protección hayan mejorado, esta legislación podrá poner fin al programa.

El congresista reconoció, sin embargo, que las generaciones de ciudadanos que han vivido en EEUU durante casi dos décadas sufrirán rupturas de su núcleo familiar y se verán abocadas a abandonar negocios e inversiones que también aportan al país.

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