Piden ante Congreso solución para ‘soñadores’

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En un intento desesperado por conseguir el pase de un proyecto de ley que legalice a los soñadores y prolongue el TPS, miles de personas de todo el país se concentraron frente al Congreso Federal, en Washington DC.

Washington, DC.- Miles de personas se reunieron el 6 de diciembre a los pies del Capitolio de Estados Unidos para pedir una solución inmediata a la situación migratoria de los jóvenes indocumentados conocidos como ‘soñadores’, además de aquellos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) que ven peligrar su prórroga.

Un policía remueve a una mujer que se sentó en los escalones del Frente Este del Senado durante una protesta para mostrar apoyo al paso de la Ley DREAM

Bajo lemas como “Dream Act Limpio Ya”, y “Salvar el TPS”, miles de personas se sumaron a una protesta cerca de las escaleras del Congreso para urgir a los legisladores aprobar una ley que ayude a los inmigrantes a regularizar su situación y alejarse de la incertidumbre.

Fátima Coreas, soñadora y miembro de la organización proderechos de los inmigrantes Casa Maryland, insistió en la necesidad que los congresistas aprueben una ley antes que concluya el año para que los jóvenes como ella puedan vivir tranquilos y continuar con sus vidas.

“El mensaje que quiero que la comunidad americana sepa es que nosotros somos seres humanos, tenemos sentimientos. Hemos aportado a esta economía desde que llegamos (…). Muchos de nosotros tenemos nuestro propio hogar, tenemos nuestro propio vehículo, pagamos impuestos… Quiero que sepan que somos de ustedes”, agregó.

Unos doscientos manifestantes que apoyaban una Ley DREAM “limpia” fueron detenidos en el Frente Este del Capitolio. Una versión de la Ley de Desarrollo, Ayuda y Educación para Menores Extranjeros (DREAM) se presentó por primera vez al Congreso en 2001, pero se ha enfrentado a numerosos obstáculos desde entonces. EFE/Michael Reynolds

El temor de estos jóvenes se consumó cuando en septiembre el presidente estadounidens Donald Trump revocó el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que implementó su predecesor, Barack Obama, aunque el plazo de dicha revocación vencerá en marzo.

Sin embargo, la decisión de Trump les ha colocado en la cuerda floja, y muchos temen que los congresistas no se pongan de acuerdo para rubricar una ley que les permita respirar tranquilos.

Un caso similar es el de los beneficiarios del TPS, ya que el mandatario ya ha puesto fecha de caducidad a aquellos que gozaban de él procedentes de Haití y Nicaragua, quienes en 2019 tendrán que abandonar el país si no encuentran otra solución legal, mientras que los miles de salvadoreños y hondureños que llevan años amparándose en este recurso también temen su fin.

Así les ocurre a Pastora Vásquez y Jessika Girón, de origen hondureño, y quienes viajaron desde Nueva Jersey para unirse hoy a la manifestación.

Ambas llegaron a Estados Unidos a finales de los 90, acogiéndose al TPS emitido por Washington para aquellos afectados por el Huracán Mitch. Ahora, tras 20 años en el país, “toda una vida”, sienten que en cualquier momento una decisión del Gobierno les puede obligar a volver a Honduras, donde se vive “una situación terrible de violencia”.

Durante la manifestación realizada frente al Congreso, organizaciones de Florida como We Belong Together se unieron para demandar el pase de estos alivios migratorios que ayudan a mantener a las familias juntas.

Varias decenas de manifestantes fueron detenidos por las autoridades de la capital del país luego de rehusarse a seguir las instrucciones de los oficiales.

Las organizaciones defensoras de los inmigrantes han incrementado sus labores de presión a los legisladores en espera de conseguir el pase de una ley de alivio a los soñadores antes que termine el año, en un afán de salvar a miles de jóvenes del futuro que les espera la finalización del programa DACA programada para el 5 de marzo próximo.

En el caso de los amparados al TPS, tanto organizaciones como gobiernos de los países centroamericanos, particularmente las autoridades salvadoreñas, han incrementado en los últimos días su campaña con el gobierno estadounidense para conseguir la continuidad del programa que ha cubierto a sus connacionales por los últimos 16 años.

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