Piden a la CorteIDH ordenar reabrir el caso de la muerte de defensora en México

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MÉXICO DDHH

San José, 27 abr (EFE).- La representación de la víctima solicitó este martes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que ordene al Estado mexicano reabrir la investigación por la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, hechos que considera como un homicidio relacionado a su labor, y no un suicidio, como lo catalogaron las autoridades judiciales.

Digna Ochoa era una destacada defensora de derechos humanos en México que participó en investigaciones de alto perfil y su cuerpo fue encontrado en un despacho jurídico el 19 de octubre de 2001 con un disparo en una pierna y otro en la cabeza, y un disparo más en un sillón.

La investigación judicial en México determinó que se trató de un suicidio, pero la acusación contra el Estado asegura que hubo serias irregularidades en el proceso y que en realidad los hechos corresponden a un homicidio en un contexto de agresiones, amenazas y violaciones a los derechos de los defensores en México.

La abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Karla Michel Salas, dijo en el cierre de la audiencia por este caso ante la CorteIDH que la investigación de las autoridades mexicanas “no fue realizada de forma seria, imparcial y científica” y que los resultados fueron “determinados a partir de prejuicios y estereotipos de género”.

Según la abogada, los resultados también respondieron a “decisiones políticas que llevaron a manipular los dictámenes periciales y arribar a la conclusión del no ejercicio de la acción penal”, por lo que “la investigación de la Fiscalía no goza de la menor credibilidad”.

Salas pidió a la CorteIDH que ordene a México la reapertura de la investigación, “ya que la larga espera por la justicia hace indispensable la superación de la impunidad existente”.

La abogada insistió en que hubo “una actuación dolosa de la Fiscalía”, pues “no se buscaba la verdad, se buscaba cerrar el caso a toda costa con una hipótesis de suicidio que carece de todo sustento y seriedad”.

La representación de la víctima aseguró que el Estado conocía que Ochoa recibía amenazas desde 1995 y que no tomó las medidas adecuadas para protegerla y que además dañó la imagen de la defensora después de su muerte.

La demanda atribuye al Estado responsabilidad por violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, al derecho a defender derechos humanos y a la dignidad, entre otros.

EL ESTADO PROMETE REABRIR EL CASO

Por su parte, la representación del Estado hizo un reconocimiento parcial de responsabilidad, pero rechazó que se le atribuya la violación al derecho a la vida de Ochoa.

Sin embargo, Marco Moreno, representante de la Secretaría de Gobernación de México, manifestó que en los próximos días el Estado propondrá a la familia de Ochoa y sus representantes un “convenio de reparación integral” para la reapertura de la investigación.

“El convenio establece como primera acción del Estado un acto público de reconocimiento y otras medidas de satisfacción y rehabilitación y que tiene como componente prioritario la reapertura de la investigación con enfoque de género y perspectiva de derechos humanos con aportaciones de la familia a través de un plan de investigación eficaz y diligente”, expresó Moreno.

Por su lado, el agente estatal Alejandro Celorio reconoció que en este caso existe una “ausencia de verdad y justicia” y que se generó una imagen negativa de Ochoa tras su muerte”.

Sin embargo, defendió que el Estado sí brindó medidas de protección a Ochoa antes de su muerte y que el proceso se llevó a cabo con seriedad al crearse una fiscalía especial, aunque aceptó que hubo “falencias” en la investigación, principalmente en la primera etapa.

Por su parte, Marisol Blanchard, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente que eleva los casos a la CorteIDH, destacó la posición estatal, pero pidió al tribunal que emita una sentencia integral.

Con el final de esta audiencia de dos días, que se llevó a cabo de manera virtual, las partes tendrán un mes para presentar sus alegatos finales por escrito y a partir de entonces la Corte podrá emitir una sentencia en los siguientes meses.

Douglas Marín