Perú demanda a Pluspetrol por incumplir contrato y le exige descontaminación

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PERÚ PETRÓLEO

Lima, 27 abr (EFE).- El Estado peruano y la petrolera Pluspetrol acudirán a un arbitraje internacional después de que la empresa anunciase la liquidación de la filial que manejaba dos yacimientos de crudo en la Amazonía peruana, donde las autoridades le exigen descontaminar todas las zonas afectadas por la actividad petrolera.

El arbitraje estará a cargo de la Cámara de Comercio Internacional de París, según anunció este martes la denunciante Perúpetro, la empresa estatal que gestiona los hidrocarburos del país.

Al mismo tiempo, Perúpetro solicitó una medida cautelar a la Justicia peruana para congelar la liquidación de Pluspetrol Norte, la filial de Pluspetrol que manejó el Lote 192 hasta 2015, el yacimiento más grande de Perú, y el Lote 8 hasta el anuncio a fines de 2020 de su liquidación, pese a tener contrato hasta 2024.

Precisamente por haber incumplido el tiempo de concesión fijado en el contrato y abandonar la explotación del Lote 8 más de tres años antes de la fecha prevista, Perúpetro ha iniciado esta acción judicial.

Además de paralizar la liquidación, el objetivo de la medida cautelar solicitada es mantener en vigor el contrato del Lote 8, impedir que el Estado se quede sin percibir el canon y las regalías del petróleo que se dejará de extraer, y evitar afectaciones a las comunidades indígenas de la zona.

El perjuicio económico para el Estado ha sido valorado por Perúpetro en lucro cesante por valor de 42 millones de dólares en concepto de regalías y 35 millones de dólares en concepto de canon que va directamente al gobierno regional y a los municipios donde se encuentran los pozos.

UN “ACTO ABUSIVO”

Para Perúpetro, el anuncio de la liquidación de Pluspetrol Norte es un “acto abusivo y de mala fe” que busca liberar a la empresa de sus obligaciones estipuladas en el contrato para descontaminar todas las zonas impactadas hasta la fecha por la actividad petrolera.

Pluspetrol atribuyó la liquidación de su filial a la “arbitrariedad” del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que ha impuesto a la empresa multas por valor de unos 17 millones de soles (4,66 millones de dólares) por incumplir sus obligaciones de descontaminación.

Mientras Pluspetrol solo está dispuesta a descontaminar las zonas afectadas durante el tiempo que ha estado a cargo de la explotación, el Estado le exige hacerlo también con el resto de los puntos impactos por anteriores empresas que pasaron por los yacimientos ya que afirman que así está estipulado en los contratos de concesión.

Para ello, el Estado peruano exige a Pluspetrol Norte un plan de abandono de las instalaciones donde se le conmina a descontaminar los alrededor de 1.500 puntos impactados entre ambos yacimientos.

El costo de esa remediación ambiental referente a los Lotes 8 y 192 ha sido estimado por el OEFA en unos 380.000 dólares, según recordó Perúpetro.

INCUMPLIMIENTOS CON INDÍGENAS

Asimismo, la agencia estatal apuntó que la salida repentina de la empresa del Lote 8 también afecta a las comunidades indígenas de su área de influencia con las que tenía acuerdos de responsabilidad social y que “han dejado de cumplirse” desde que se anunció la liquidación de la filial.

Precisamente Pluspetrol es investigada por las autoridades de los Países Bajos por “su negligencia para desarrollar la diligencia debida en temas ambientales y de derechos humanos” así como por su uso de “estructuras y estrategias para la evasión fiscal”.

Esto a tenor de una denuncia presentada el año pasado por las comunidades nativas, ya que Pluspetrol emplea una estructura empresarial que tiene su sede en Ámsterdam por motivos fiscales pese a desarrollar toda su actividad en Perú, lo que se denomina “empresa buzón”.

En un reciente comunicado, Pluspetrol Norte aseguró haber atendido “todos los pasivos causados durante su época de operación (incluyendo los causados por actos vandálicos) y haber pagado todas las multas exigibles que se le han impuesto”.