Patronal denuncia la “confiscación de hecho” a medios y a una ONG en Nicaragua

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NICARAGUA PROTESTAS

Managua, 24 dic (EFE).- La principal cúpula patronal de Nicaragua denunció este jueves una “confiscación de hecho” por parte del Estado de la propiedad privada de dos medios de comunicación críticos con el presidente Daniel Ortega y de nueve ONG que fueron ilegalizadas en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.

En una declaración, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) señaló al Gobierno de “tomar decisiones políticas que violentan los derechos y garantías constitucionales de los nicaragüenses” y provocan “inseguridad jurídica e inestabilidad económica y social en el país”.

El Estado de Nicaragua cedió al Ministerio de Salud (Minsa) los edificios donde funcionaba el canal de televisión 100 % Noticias y el de las revistas digitales Confidencial y Niú y los programas televisivos “Esta Semana” y “Esta Noche”, que se encuentran resguardados por policías, así como el de nueve ONG.

Las instalaciones de esos medios y esas ONG amanecieron el miércoles con el rótulo “esta propiedad pertenece al Ministerio de Salud”, según constató Efe.

Hace un par de años, la Asamblea Nacional (Parlamento), controlado por el oficialismo y a petición del Ejecutivo, despojó de su legalidad a nueve ONG, entre ellos el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Entonces, el Ministerio de Gobernación ordenó que los bienes incautados a las nueve ONG ilegalizadas pasaran a la administración del Estado para la creación del Fondo de Atención y Reparación Integral para las Víctimas del Terrorismo.

Efe ha intentado obtener una explicación oficial por parte del Gobierno sobre el procedimiento en contra de esos edificios, pero esta no ha sido posible.

VIOLA LA CONSTITUCIÓN

En su declaración, el Cosep dijo que, “ante las confiscaciones de hecho de propiedades privadas tuteladas por nuestra Constitución Política y trasladadas ilegalmente al Ministerio de Salud”, expresaba su preocupación.

En ese sentido, denunció “el irrespeto por parte del Gobierno de los principios básicos de un Estado democrático de derecho”, y recordó que el derecho a la propiedad privada goza de garantías constitucionales, “por lo cual el Estado tiene la obligación de tutelarlo”.

“Sin embargo, el Gobierno sigue violando este derecho con acciones de represión, ejecutando y promoviendo confiscaciones de hecho, desconociendo el mandato constitucional vigente en nuestro país, de prohibición expresa de confiscaciones de todo tipo de bienes”, alertó.

Asimismo, el Cosep indicó que el Ejecutivo, conforme con los acuerdos suscritos el 29 de marzo de 2019 en una mesa de negociación en la que se buscaba una salida a la crisis sociopolítica, se comprometió a respetar el derecho de la propiedad privada y el debido proceso, “y en consecuencia debía restituir los bienes muebles e inmuebles confiscados de hecho” a las ONG, medios y empresarios en todo el país.

Más bien, advirtió, el Ejecutivo “no ha cumplido y ha profundizado”, por lo que “denunciamos las acciones recientes por las cuales, sin mediar proceso judicial ni proceso de expropiación legalmente tramitado, el Gobierno ha decidido trasladar ilegalmente al Ministerio de Salud propiedades confiscadas de hecho”.

ONG: MENSAJE DE REPRESIÓN DICTATORIAL

El Cenidh, uno de los organismos afectados, señaló al “régimen Ortega Murillo” de cometer “un delito continuado en contra de las oenegés” y condenó enérgicamente “este robo cobarde de nuestras instalaciones”.

Para la Fundación Popol Na, la acción gubernamental es un “claro mensaje de continuidad de la represión dictatorial”, pero que eso no los detendrá en seguir trabajando “por las libertades y los derechos de los nicaragüenses”.

En tanto, el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas) recibió la “usurpación” de sus instalaciones “con gran dolor y rabia”.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.

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