Charlotte, NC.- La organización Carolina Migrant Network (CMN) condenó fuertemente la votación en el pleno de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte sobre el proyecto de ley HB318,, que amplía los daños ya causados por la HB10 y refuerza aún más la colaboración entre las fuerzas del orden locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
“La nueva legislación pone a las comunidades inmigrantes en mayor riesgo, debilita la confianza en las autoridades y sobrecarga a los gobiernos locales con costos innecesarios“, dijo la organización en un comunicado.
POLÍTICAS
El proyecto de ley HB10 obligaría a las oficinas de los alguaciles a detener a personas acusadas (no condenadas) de cualquier delito para ICE.
Si un alguacil no puede verificar el estatus migratorio de una persona, debe notificar a la agencia federal y retener a la persona hasta 48 horas para que ICE pueda asumir la custodia.
El HB318 agrava estas políticas al:
- Ampliar la lista de delitos que requieren verificación de ciudadanía – El proyecto de ley casi duplica el número de cargos que obligan a las fuerzas del orden a intentar determinar el estatus migratorio, lo que aumentará las detenciones y deportaciones, desestabilizando aún más a las familias y comunidades inmigrantes.
- Extender los períodos de detención en cárceles del condado – HB 318 hace que la política de retención de 48 horas por parte de ICE comience solo después de que una persona debería haber sido liberada, en lugar de cuando se emite la orden de detención de ICE. Este cambio obliga a las personas a permanecer más tiempo en la cárcel, imponiendo cargas financieras adicionales a las cárceles del condado y a los contribuyentes.
- Exigir comunicación de última hora con ICE antes de la liberación – Los administradores de las cárceles estarían obligados a contactar a ICE dentro de las dos horas anteriores a la liberación programada de una persona, utilizando los métodos de comunicación establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional. Este requisito aumenta la probabilidad de detención prolongada y deportación.
ATAQUE
“Esta legislación es otro ataque contra nuestras comunidades inmigrantes, diseñada para canalizar a más personas hacia el sistema de deportación mientras sobrecarga nuestras cárceles locales. En lugar de invertir en políticas que fortalezcan la seguridad pública y la confianza, el HB 318 expande el perfilamiento racial, el miedo y el encarcelamiento innecesario”, dijo Stefanía Arteaga, Cofundadora de Carolina Migrant Network.
CMN instó a los legisladores a rechazar el HB318 y oponerse a políticas que criminalizan a las comunidades inmigrantes.
“Hacemos un llamado a aliados, defensores y miembros de la comunidad a alzar la voz en contra de este proyecto de ley y a apoyar los esfuerzos que promuevan la equidad, la dignidad y la justicia para todas las personas en Carolina del Norte“, recalcó la organización en el comunicado.
UNIDOS
Por su parte, la organización no partidista y sin fines de lucro El Pueblo condenó el avance del proyecto de ley antiinmigrante HB318 que fue aprobado, el martes 29 de abril, en la Cámara de Representantes estatal y pasó a consideración del Senado.
“Al ampliar la lista de delitos que obligan a los alguaciles ya los magistrados judiciales a consultar con ICE para determinar el estatus migratorio de los detenidos, HB318 pondrá en riesgo de deportación a un mayor número de inmigrantes, incluso a aquellos acusados de delitos no violentos, sin siquiera darles la oportunidad de defenderse de las acusaciones en su contra en una corte”, dijo El Pueblo en un comunicado.
“La experiencia ha demostrado que obligar a las autoridades locales a colaborar con ICE hace más inseguras a nuestras comunidades ya que provoca temor y desconfianza entre miembros de la comunidad y las fuerzas del orden, desanimando a víctimas y testigos a reportar crímenes y colaborar con las autoridades”, puntualizó la organización.