Organismo humanitario concluye que las elecciones en Nicaragua fueron “una farsa”

0
6
736652

NICARAGUA ELECCIONES

Managua, 16 nov (EFE).- El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) concluyó este martes que las elecciones generales del pasado día 7 en Nicaragua, en las que el presidente Daniel Ortega resultó reelegido para un quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo, fueron “ilegítimas” y “una farsa”.

“El abstencionismo generalizado, las detenciones arbitrarias contra opositores, el entorpecimiento del pluralismo y la participación política, la falta de garantías electorales, los resultados falsos e irregularidades reportadas, permiten concluir que estas elecciones fueron ilegítimas, una farsa electoral”, señaló el Cenidh, en un informe denominado “En Nicaragua no hubo elecciones”.

Según el Consejo Supremo Electoral, Ortega se impuso en esos comicios con el 75,87 % de los votos, con una participación del 65,26 % de los 4,4 millones de nicaragüenses aptos para votar.

“GRAVE CRISIS DE VIOLENCIA ELECTORAL”

El Cenidh indicó que las elecciones se dieron en un contexto de “grave crisis de violencia electoral y persecución política, desde que inició la ola de detenciones contra líderes políticos y precandidatos presidenciales (opositores) en mayo de este año, lo que lo convierte en el período electoral más violento en la historia reciente de Nicaragua”.

El informe reportó al menos 99 incidencias entre el 1 y el 8 de noviembre que condicionaron las elecciones, divididas en “32 detenciones, 28 hostigamientos, 22 irregularidades a la ley, 7 allanamientos, 3 amenazas indirectas, 3 retenciones migratorias, 2 agresiones físicas, 1 obstaculización a la libre circulación, 1 muerte violenta”.

En 59 de las incidencias la Policía Nacional fue señalada como responsable, en otras 20 se responsabilizó a funcionarios del Estado, y en 11 se culpó a simpatizantes del Gobierno.

“El 100 % de las víctimas son personas identificadas como opositoras o críticas del Gobierno de turno”, refirió el informe.

Los derechos más violentados, según el reporte, fueron los de la libertad individual y las garantías del debido proceso, con 32 incidencias cada uno, más 28 casos contra la integridad personal y la libertad de prensa, y siete de garantías al debido proceso.

VIGILANCIA, HOSTIGAMIENTO Y PERSECUCIÓN

“Vigilancia, hostigamiento y persecución masiva contra la población opositora ha sido una práctica estatal que viola múltiples derechos humanos, y muchas veces es acompañada de amenazas de muerte y agresiones”, subrayó el organismo, que fue ilegalizado por la Asamblea Nacional, a petición del Ejecutivo hace un par de años.

El Cenidh resaltó el caso de la activista Samantha Jirón, declarada como “secuestrada” el pasado día 9, tras haber “recibido amenazas y persecuciones”. Luego apareció detenida y acusada de cargos relacionados con “traición a la patria”.

Asimismo, expuso “acciones desesperadas” ejecutadas por el Gobierno en un intento de contrarrestar la abstención, que según el Poder Electoral fue del 34,74 %, y el observatorio Urnas Abiertas calculó en 81,5 %.

“Desde Cenidh se constató, otras acciones desesperadas de parte del régimen para lograr el voto: la suspensión ilegal de la ley seca, que aumentó el riesgo de violencia y caos, violando el deber preventivo que tienen las autoridades durante los comicios y para estimular los ánimos de la población de ir a votar”, agregó.

La falta de observación electoral, y el establecimiento de “acompañantes que vinieron a respaldar la farsa”, contribuyeron a la ilegitimidad de las elecciones, según el Cenidh.

En esto sobresalió, de acuerdo con el Cenidh, la violación al silencio electoral por funcionarios sandinistas, incluyendo a Ortega, quien el día 8 “pretendió sembrar el terror social al llamar a los presos políticos ‘hijos de perra’ y declararlos apátridas, en un ambiente nocivo de aplausos, gestos de burla y carcajadas de parte de su séquito”.

Las elecciones de Nicaragua han sido rechazadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), así como por decenas de países, principalmente de América y Europa, algunos de los cuales han establecido sanciones a la familia de Ortega, allegados y funcionarios.