Ciudad de México, 9 sep (EFE).- México debe trabajar en la prevención del desplazamiento interno forzado, así como en la protección de las víctimas y ofrecer soluciones duraderas, concluyó este viernes Cecilia Jiménez-Damary, relatora de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos.
“Es fundamental que el Estado adopte medidas específicas para atender las distintas fases del desplazamiento interno”, dijo Jiménez-Damary al presentar su declaración de cierre de misión tras una visita de casi dos semanas en el país.
La funcionaria, que concluyó su viaje oficial a México, presentó un informe sobre la situación de las personas desplazadas en el país, lo que creó una grave crisis de derechos humanos.
Jiménez-Damary, que visitó durante 12 días los estados de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México y Guerrero, señaló que uno de sus hallazgos fue que las causas del desplazamiento “son diversas y multifactoriales”.
“Entre ellas están distintos tipos de violencia, a menudo originada por el crimen organizado, a veces relacionada con los proyectos de desarrollo, la minería y tala ilegal, o por los conflictos electorales, religiosos y agrarios”, destacó.
Además, señaló que las personas desplazadas son víctimas de amenazas, intimidación y violencia, lo que se traduce en altos niveles de impunidad y una falta de confianza en las autoridades en general, “pero particularmente en el sistema de Justicia criminal”.
MUJERES Y NIÑAS LAS MÁS VULNERABLES
Jiménez-Damary precisó que las mujeres y las niñas desplazadas están en una situación de especial vulnerabilidad frente a amenazas, intimidaciones y violencia, incluyendo la sexual.
“Las mujeres enfrentan impactos diferenciados y con la situación de desplazamiento, se vuelven responsables de proveer el sustento, la protección y la seguridad a sus familias”, apuntó.
En este grupo, dijo, se encuentran también las mujeres transgénero, quienes enfrentan altos niveles de discriminación y estigmatización en el acceso a derechos.
En cuanto a menores de edad, señaló que muchos son víctimas de reclutamiento forzado por parte de grupos armados, además de que son doblemente vulnerables por el rompimiento de sus estructuras familiares y comunitarias y están más expuestos a sufrir explotación, abuso y abandono.
En tanto, los pueblos indígenas representan más del 40 % de los episodios registrados por la sociedad civil en 2020.
“Me preocupa particularmente la ausencia de perspectiva intercultural y de género en la atención a mujeres indígenas desplazadas”, indicó.
FALTAN DATOS Y APLICACIÓN DE LEGISLACIÓN
Jiménez-Damary lamentó que México no cuente con cifras nacionales oficiales e información desagregada que permita conocer el desplazamiento interno en el país, así como los diferentes perfiles de las personas desplazadas.
“Resulta vital crear un registro federal único de personas internamente desplazadas, además de registros a nivel estatal”, afirmó.
Esto, dijo, es indispensable para la creación de políticas públicas que atiendan esta situación.
Asimismo, aseveró que es esencial contar con una legislación para formalizar el reconocimiento de la problemática y cumplir con el rol primario del Estado en la atención integral del desplazamiento interno.
“Es clave que se adopte lo antes posible y refleje los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, refirió.
Ante ello, recomendó agilizar la aprobación del proyecto de ley general de protección a desplazados internos, así como la implementación efectiva de otras leyes ya establecidas como la Ley General de Víctimas que establece la creación de un Sistema Nacional de Víctimas.
Esto porque detectó la dificultad de acceder de manera oportuna a este registro ya que “a nivel federal y en la mayoría de los estados el desplazamiento arbitrario no está tipificado como delito”.
Destacó que un enorme porcentaje de personas desplazadas no acuden a las autoridades para presentar denuncias o acogerse a estos mecanismos por desconfianza en los funcionarios o temor de represalias del crimen organizado.
ADOPTAR MEDIDAS
La visitadora de la ONU indicó que es “fundamental” que el Estado mexicano adopte medidas específicas para atender las distintas fases del desplazamiento interno, entre ellas la prevención, protección y soluciones duraderas.
Reconoció la iniciativa de la Secretaría de Gobernación para contar con un protocolo de prevención de las circunstancias que generan el desplazamiento interno, pero dijo que esto debe ir acompañado de medidas de protección que abarquen a todas las personas desplazadas y tomen en cuenta sus necesidades.
También hizo un llamado a garantizar a las personas desplazadas internas el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, especialmente porque muchos niños y jóvenes se ven impedidos de continuar su educación y tener acceso a la salud por la falta de documentos de identidad y residencia.
Expresó que, entre otras cosas, el acceso a la Justicia, la restitución de la vivienda, tierra y propiedad, así como la integración de las personas desplazadas en la creación de políticas públicas son cruciales para generar soluciones duraderas.
El informe final de la visitadora se presentará en junio de 2023, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.