ONG pide excarcelación de militar hispano venezolano que ya cumplió su pena

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VENEZUELA JUSTICIA

Caracas, 18 mar (EFE).- La ONG Foro Penal pidió este jueves la excarcelación del teniente coronel Ruperto Sánchez, un hispano venezolano considerado preso político por la organización y quien, según la defensa, ya cumplió su pena tras casi siete años en prisión, acusado de instigación a la rebelión militar.

Sánchez “ya cumplió formalmente su condena. Con ‘redenciones judiciales’ ha cumplido todos los días de su condena. Violando el debido proceso y el derecho a la libertad, el tribunal de ejecución no le otorga la libertad”, dijo el abogado Alfredo Romero, director del Foro Penal.

El jurista publicó un video a través de Twitter en el que asegura haber acudido a tribunales militares para solicitar la liberación de Sánchez pues, argumenta, mantenerlo tras las rejas “implica una violación al derecho a la libertad”.

Kerling Sánchez, esposa del teniente, explicó a Efe que su marido ha presentado “varias condiciones difíciles de salud” durante su tiempo en prisión, entre ellas una hipertensión recientemente diagnosticada y “una tos que no cesa” desde hace cuatro años y que siguen sin conocer sus causas.

Aunque Sánchez, nacido en Valladolid (España) tiene una condena de 7 años y 3 meses, de la que ya ha pagado 6 años, 10 meses y 3 días, “debió salir en libertad en agosto de 2019” debido a las llamadas redenciones judiciales realizadas durante su tiempo en prisión, durante el cual ha estudiado y trabajado, según su defensa.

El militar estuvo más de cinco años preso en el estado oriental de Monagas, a casi 600 kilómetros de donde reside su familia, y fue trasladado a la cárcel de Ramo Verde, ubicada a las afueras de Caracas, en julio pasado.

Desde entonces, su esposa no lo ha visto pues las visitas están prohibidas en ese centro penitenciario debido a las restricciones relacionadas con la pandemia por la covid-19 en el país.

El Foro Penal, que encabeza la defensa de los considerados presos de conciencia en Venezuela, aseguró esta semana que 320 personas están tras las rejas en el país por razones políticas, y hay más de 9.000 personas siguen sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad.