Ciudad de México, 19 jun (EFE).- Organizaciones mexicanas presentaron este lunes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un escrito con el respaldo de 360.000 firmas ciudadanas contra la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, concida como “Plan B”.
La iniciativa “demuestra a la SCJN la inconformidad absoluta de las mexicanas y mexicanos en la aprobación de este ‘Plan B’”, señalaron en un escrito conjunto las organizaciones Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México.
El acto estuvo acompañado de gritos de apoyo al máximo tribunal del país y a la ministra presidenta, Norma Piña, quien ha recibido ataques del mandatario y sus seguidores.
“La ley es la ley”, gritaban los mexicanos reunidos a las afueras del recinto de la SCJN.
Las organizaciones, que conforman el movimiento Unid@s, manifestaron que el “Plan B” de López Obrador, promulgado el 2 de marzo pasado, es inconstitucional y viola los derechos políticos electorales de la ciudadanía.
También afirmaron que se veían afectados otros derechos humanos como el de identidad, la protección de datos personales, la libertad de expresión, y el acceso a la justicia.
La SCJN invalidó a inicios de mayo una primera parte del llamado “plan B”, al considerar que la mayoría oficialista del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) incurrió en graves violaciones del proceso legislativo.
Actualmente, los ministros del Supremo mantienen la discusión de una segunda parte, que también ha sido impugnada por el órgano autónomo que organiza las elecciones en el país, el Instituto Nacional Electoral (INE).
Estos cambios han causado polémica entre organizaciones nacionales e internacionales por las alertas que se han generado en contra de la democracia, el debilitamiento del organismo que organiza las elecciones y que se realizan cambios previo a la renovación presidencial del próximo año.
Algunos de los principales cambios se centran en la reducción del 80 % de los salarios del órgano y la eliminación de los organismos locales.
También se debilitan acciones para garantizar la representación de minorías y paridad de género.
“No queremos una reforma electoral misógina y machista, excluyente y discriminatoria que ignora la paridad de género en candidaturas y que implica clara regresión en cuanto al reconocimiento de los derechos de las minorías”, señaló UNE.