Ciudad de México, 16 dic (EFE).- La organización, Propuesta Cívica, advirtió este martes que la nueva Ley General de Extorsión, publicada el 28 de noviembre, amenaza la libertad de expresión en México, ya que “abre la puerta” a que actores políticos o particulares utilicen el aparato penal para “silenciar críticas legítimas, denuncias y actos de protesta”.
En una carta difundida este martes, la ONG se posicionó sobre esta ley que establece penas de hasta 25 años de cárcel por este delito de alto impacto que presenta un crecimiento de 23,1 %, y es además de los que más afecta a la población mexicana de entidades como Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
Después de un “exhaustivo análisis jurídico”, Propuesta Cívica señaló que el delito de extorsión y sus agravantes permiten que personas -como actores políticos o particulares- que se vean afectadas por discursos constitucionalmente protegidos “tengan la oportunidad de denunciar estos actos y obtener procesos penales a su favor”.
También estipuló que la definición de extorsión, redactada en el artículo 15 de la ley, es “ambigua” lo que permite amplios márgenes de interpretación, pues se clasifica como una conducta que obliga a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo para obtener un beneficio propio o a un tercero.
Con tal redacción, detalla el texto, “se abre la puerta para que exigencias de justicia”, como lo puede ser “la liberación de personas detenidas arbitrariamente o emitir discursos dentro del debate político” se encuadren “abusivamente en este tipo penal” con penas privativas de libertad de 15 a 25 años.
“La ambigüedad en la descripción del delito en sí mismo y sus agravantes constituye una afrenta directa a la libertad de expresión en su sentido más amplio, permitiendo que se inicien investigaciones penales que tendrán un efecto inhibidor para la protesta, la exigencia pública de derechos, rendición de cuentas o resolución de conflictos sociales”, destacó.
En ese sentido, Propuesta Cívica también explicó que las agravantes contempladas en los artículos 16, 17 y 18 de la ley “permiten aumentar las penas de manera desproporcionada hacia estos discursos”.
“Si una persona defensora de derechos humanos es entrevistada, en el marco de una protesta que está siendo televisada o transmitida en redes sociales exigiendo propuestas efectivas a candidatos para el esclarecimiento del paradero de su familiar, la pena podría elevarse a 25 o 45 años”, sentenció el documento que pone de ejemplo a los familiares que buscan a las más de 133.000 personas desaparecidas en México.
Propuesta Cívica, con más de 14 años de experiencia en la defensa y promoción de la libertad de expresión, advirtió además que diversas organizaciones, como Artículo 19, han alertado por la vigencia de la fracción V del artículo 17 de la ley.
“Permite aumentar la pena de 5 a 15 años por extorsiones realizadas a través del uso de cualquier dispositivo, medios, servicios o plataformas a través de los cuales se pueda realizar la emisión, transmisión o información de cualquier naturaleza(…) Lo que podría tener un efecto silenciador hacia el ejercicio de la libertad de expresión”, subrayó.
Por último, la ONG reconoció “la necesidad de esta ley”, que busca erradicar el delito de alto impacto más persistente del país, sin embargo, hizo un llamado al Gobierno de México para que este ilícito cuente con un redacción “clara y acotada”,y así “evitar ambigüedades que puedan transgredir el ejercicio de la libertad de expresión esencial en toda democracia”.