Nueva York, 13 jul (EFE).- El estado y la fiscalía general de Nueva York anunciaron este miércoles que exigirán a la empresa Northrop Grumman un plan para que contenga y limpie el vertido tóxico de unas instalaciones en las aguas subterráneas de una zona de Long Island.
En un comunicado conjunto, las autoridades dijeron que han entregado en los tribunales un decreto que “requiere formalmente” que Northrop Grumman diseñe un plan para remediar los daños ocasionados por sus instalaciones en la localidad de Bethpage, que afectan al agua de los residentes.
Las instalaciones de Bethpage son conocidas porque fueron el lugar donde se desarrolló el módulo lunar Apollo, pero su impacto ha creado una de las peores crisis ambientales en Long Island con un vertido subterráneo que abarca 7 por 3 kilómetros a 300 metros de profundidad, según medios locales.
El decreto consolida un acuerdo previo entre las partes y resuelve el reembolso de los costes de limpieza para el estado por parte de Northrup, establece su responsabilidad por perjuicio contra los recursos naturales de la zona y le da cinco años para implementar el plan de contención y limpieza.
Northrop se comprometió en 2020 a pagar 104,4 millones de dólares a Nueva York para proyectos de limpieza, suministro de agua pública y protección de acuíferos relacionados con el vertido, y desde ese año, ha desplegado una red de pozos de extracción y sistemas de tratamiento de aguas.
Con este decreto, que tiene que aprobar un juez, se acelera el trabajo de contención de las sustancias tóxicas en los lindes del vertido y la extracción en el centro, se mejora el acceso a la información sobre la limpieza y se obliga a la empresa a pagar compensaciones a las administraciones afectadas.
En la contaminación también tiene parte de responsabilidad la Marina estadounidense, que tenía instalaciones en Bethpage y que se ha comprometido a remediar los daños junto a Northrop.
La gobernadora, la demócrata Kathy Hochul, dijo en Twitter que la medida da justicia a las comunidades de Long Island y hace rendir cuentas a la empresa “por décadas de contaminación”, mientras que la fiscal, la también demócrata Letitia James, consideró que se ha acabado su negligencia.
Los residentes “han pagado el precio de la negligencia, pero hoy finalmente forzamos a Grumman a abordar un abuso ambiental pagando a los municipios y el estado que tuvieron que limpiar su desastre”, dijo James.