Washington, 17 abr (EFE).- Varios nicaragüenses exiliados o expulsados por el Gobierno de Daniel Ortega recordaron este lunes en Washington el quinto aniversario de las protestas de 2018, en un evento en el que dieron sus testimonios sobre la represión que han sufrido desde entonces.
Periodistas, excandidatos políticos, defensores de derechos humanos o estudiantes participaron en un foro auspiciado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) para conmemorar los cinco años de las protestas que se iniciaron el 18 de abril de 2018 por las reformas del sistema de seguro social.
Estos hechos acabaron con la muerte de al menos 355 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, y desencadenaron una ola de represión contra la disidencia.
La crisis política y social que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.
“En estos días no podemos dejar de pensar en los centenares de nicaragüenses a quienes se les violentó el derecho más fundamental de todos, el derecho a la vida”, apuntó en el acto Juan Sebastián Chamorro, precandidato a la Presidencia en aquellas elecciones, que pasó 18 meses en prisión.
“Por estos muertos y por todo nuestro sufrimiento, debemos proseguir en esta lucha para restablecer el respeto por los derechos humanos en Nicaragua”, añadió Chamorro, uno de los 222 presos políticos que fueron excarcelados y expulsados de Nicaragua el pasado mes de febrero para ser deportado a Estados Unidos.
Varios de ellos participaron hoy en el evento en Washington, en el que también estuvieron presentes miembros de instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyo relator para la libertad de expresión, Pedro Vaca, definió al Gobierno de Ortega como una institución “alérgica al pluralismo democrático”.
Desde que estallaron aquellas protestas, afirmó, el Gobierno “se desplegó coordinada y arbitrariamente para intentar arrasar con toda voz que no simpatizara con el destemplado coro oficial” y se puso en práctica su “deseo delirante” de “aleccionar a toda la población enviando un mensaje aterrador sobre lo que les podría pasar a quienes se atrevieran a opinar de forma distinta a los designios delirantes de una dinastía familiar oxidada”.
Uno de los paneles celebrados hoy estuvo dedicado a los medios de comunicación y en él participaron periodistas como Lucía Pineda, jefa de prensa del canal de televisión 100% Noticias, quien permaneció un año en prisión por informar, entre otros temas, sobre lo sucedido durante aquellos meses.
Desde su exilio en Costa Rica recibió el pasado 15 de febrero la noticia de que las autoridades de Nicaragua la despojaron de la nacionalidad por “traición a la patria” junto con otras 93 figuras representativas de la cultura o la política como los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
“Hicieron todo para callarnos, nos encarcelaron, nos confiscaron, nos desterraron y nos despojaron de la nacionalidad, pero pese a todo su empeño en censurarnos y desaparecernos, 100% Noticias es hoy el medio de comunicación nicaragüense más leído dentro y fuera del país”, apuntó Pineda.
Convertido en portal de noticias online, 100% Noticias sigue en funcionamiento desde el exilio y demostrando que, como afirmó en el mismo panel el periodista Wilfredo Miranda, a cinco años de las protestas de abril se puede decir que “pese a las trincheras democráticas que los Ortega Murillo han querido destruir, el periodismo ha resistido”.
“Cada uno de los periodistas que estamos en el destierro y en el exilio desde hace cinco años, ya somos 185, hemos desmontado la retórica mentirosa de la dictadura sobre lo sucedido en abril de 2018”, subrayó.
Además del evento en Washington se celebrará otro similar en Costa Rica esta tarde en el que se tratarán temas como los crímenes de lesa humanidad e impunidad o la violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Según Raza e Igualdad, desde 2018 hasta la fecha han sido asesinadas al menos 355 personas, más de 2.000 manifestantes han sido heridos y al menos 1.614 personas han sido privadas de libertad por motivos políticos, 36 de las cuales aún permanecen bajo custodia estatal en condiciones que incumplen las reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Personas Reclusas.
Además, hay más de 250.000 exiliados, 316 personas arbitrariamente despojadas de la nacionalidad y sus derechos ciudadanos, 222 personas desterradas de su país, 185 periodistas exiliados y al menos 3.321 organizaciones de la sociedad civil cuya personalidad jurídica fue arbitrariamente cancelada.