Tucson (AZ), 7 oct (EFE).- A los 17 años Cristina Quintanilla fue sentenciada a 30 años de prisión en El Salvador por haber tenido un aborto espontáneo, y ahora advierte a votantes de EE.UU. en estados como Arizona, Nevada y Florida el impacto de estas prohibiciones como parte de un movimiento a cargo de una coalición de mujeres de Latinoamérica conocido como la 'Ola verde'.
“Fue terrible, del hospital me levantaron de la camilla y me llevaron a la cárcel, aún sangrando y con dificultades para caminar”, cuenta Quintanilla a EFE durante una visita a Tucson (Arizona).
Era 2004 y la salvadoreña tenía seis meses de embarazo de su segundo hijo cuando comenzó a sentir un fuerte dolor en el vientre. “Sentía que me faltaba el aire, que me ahogaba y de pronto perdí el sentido”.
Su madre la encontró ensangrentada, y el feto había fallecido. Llamaron a emergencias y, como nadie acudió, una vecina la llevó a un hospital comunitario donde difícilmente los médicos quisieron atenderla.
“Todo lo recuerdo como en sueños, estaba sufriendo por la pérdida de mi bebé, me separaron de mi hijo, de mi familia y todavía me enviaron a la cárcel”, rememora.
En El Salvador el aborto es prohibido y castigado hasta con 50 años de prisión. Una enfermera la acusó de haber provocado intencionalmente el aborto porque era “tan pobre” que no podía mantener un segundo hijo.
Quintanilla conforma un grupo de mujeres latinoamericanas que están recorriendo varias ciudades en Estados Unidos contando sus historias como una advertencia de las consecuencias del establecimiento de leyes que restringen o prohíben el aborto.
Por lo menos 18 estados han aprobado leyes estatales que restringen el aborto después de que el Supremo de EE.UU. eliminara en 2022 las protecciones federales otorgadas bajo Roe contra Wade a los derechos reproductivos.
“Nuestro objetivo es hablar con los votantes latinos en estados como Arizona, Nevada y Florida sobre el aborto y la conexión de este tema con otros países latinoamericanos”, dijo a EFE María Teresa Liberman Parraga, directora de estrategia y comunicación de Women Equality Center.
“La historia de estas mujeres es una advertencia de las consecuencias de aprobar leyes que restringen el aborto”, dijo Liberman Parraga.
El caso de Quintanilla acaparó la atención nacional, la opinión pública la acusaba de ser “una madre asesina”.
La mujer pasó cuatro años en prisión hasta que un joven abogado logró que la corte desestimara su sentencia porque ni siquiera los médicos pudieron determinar si el aborto fue intencional ni la causa de la muerte del feto.
Su historia es solo una de miles de mujeres que son señaladas y penalizadas en El Salvador por sufrir o desear un aborto.
La doble victimización
De adolescente Manuela, una colombiana que pidió ser identificada sólo por su nombre, quedó embarazada tras ser violada por soldados durante el conflicto armado en su país y cuando el aborto era prohibido en ese país.
Señalada por su familia, la joven cuanta que tuvo que someterse a un aborto clandestino, algo que por poco le cuesta la vida.
“Fue terrible, sentí cómo se me desgarraban las entrañas, siento que fui ultrajada dos veces”, relata a EFE.
Tuvo que someterse al aborto sola, sin que nadie la apoyara, con miedo y vergüenza.
Estas mujeres conforman la 'Ola verde”, una coalición de mujeres, activistas y diversa organizaciones que han luchado por cambiar las leyes que restringen el aborto en países latinoamericanos.
“Hemos logrado importantes cambios en países como Argentina y México, sin embargo aún hay mucho por hacer”, dijo Liberman Parraga.
La activista Morena Herrara de El Salvador ha sido testigo del alto costo que mujeres han pagado por tener un aborto.
Entre ellas, mujeres que han muerto en sus casas, en clínicas clandestinas tras someterse a un aborto porque no pueden acudir a un hospital para tenerlo de una forma segura.
“Es terrible, la mujer debería ser la única en tener el derecho de decidir sobre su cuerpo y no los políticos, ni las cortes, ni el Gobierno”, dice.
El tour que lleva el nombre de 'El aborto es salud' viaja también con un tradicional altar de muertos, dedicado a las mujeres que han muerto por someterse a un aborto o porque los médicos se lo negaron anteponiendo la vida del feto a la de ellas mismas.
En noviembre los votantes en Arizona decidirán sobre la propuesta 139, que busca reformar la Constitución estatal y convertir el aborto en un derecho de la mujer.
Amplía hasta las 24 semanas de gestación la posibilidad de tener un aborto seguro y elimina penalidades en contra de enfermeras y doctores que practican abortos.
También establece excepciones en caso de violación o si la salud de la madre está en peligro.
