Ciudad de México, 28 feb (EFE).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció que fue “un estruendo”, lo que ocasionó que miembros del ejército mexicano dispararan en contra de una camioneta, dejando un saldo de cinco fallecidos, un herido y un ileso en la fronteriza ciudad de Nuevo Laredo el domingo pasado.
En un comunicado, el Ministerio de la Defensa detalló que los elementos del Ejército mexicano realizaban un operativo, cuando escucharon detonaciones de armas de fuego y decidieron acudir a esta zona urbana del estado norteño mexicano Tamaulipas.
“Visualizaron un vehículo tipo pick-up con siete individuos a bordo, quienes se trasladaban con exceso de velocidad con las luces apagadas y sin placas, cuyos integrantes, al observar la presencia de las tropas, aceleraron la velocidad de manera intempestiva y evasiva, deteniendo su marcha al impactarse después con un vehículo que estaba estacionado”, narró la Sedena.
Además, explicó, “de esta situación, al escuchar un estruendo, el personal militar accionó sus armas de fuego”, lo que provocó la muerte de cinco jóvenes, un herido, que fue puesto a disposición de servicios médicos, y uno más ileso.
De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, los fallecidos son Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo y Gustavo Ángel Suárez Castillo, quien tendría ciudadanía estadounidense.
No obstante, el consulado de Estados Unidos en la ciudad fronteriza no se ha pronunciado al respecto.
AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES INICIAN INVESTIGACIONES
Por lo anterior, el Ministerio de la Defensa señaló que diversas autoridades, entre civiles y militares, ya “se encuentran investigando para determinar la veracidad de los hechos”.
Por el lado del ministerio público civil mexicano la Fiscalía General de la República (FGR) de México integrará la carpeta correspondiente, mientras que, en las fuerzas armadas, la instancia encargada será la Fiscalía General de Justicia Militar.
El Ejército mexicano también detalló que se encuentra en coordinación y “colaboración estrecha” con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “con el objeto de facilitar sus investigaciones”, tras una investigación que inició este organismo autónomo por presuntas violaciones a derechos fundamentales.
Asimismo, se indicó que las fuerzas armadas mexicanas se mantienen en un “diálogo abierto” con las familias de los afectados “para brindar las atenciones que corresponden en este tipo de casos”, sin dar más detalles.
“El Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos refrendan su compromiso de trabajar con estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, brindando todas las facilidades a las autoridades y a los organismos nacionales y estatales defensores de los derechos humanos, acatando cualquier resolución que las autoridades determinen”, aseguró el Ministerio de la Defensa mexicano.
CONDENAN HECHOS VIOLENTOS
El pasado lunes, diversas organizaciones civiles condenaron los hechos y acusaron al Ejército mexicano de matar a los cinco jóvenes cuando regresaban a su casa en una camioneta después de salir de una discoteca.
En el lugar de los hechos, donde se identificaron a 12 unidades del Ejército, se congregaron ciudadanos inconformes con las acciones de las Fuerzas Armadas, provocando una trifulca que fue disipada por disparos de los militares al cielo y tierra.
“Al menos tres militares accionaron sus armas, fusil y pistola, para dispersar a los manifestantes, poniendo en riesgo la vida de todos nosotros, periodistas, vecinos e incluso de niños”, relató Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la organización Fundar y Human Rights Watch (HRW) también demandaron una investigación de los hechos.
El abatimiento de estos jóvenes ocurre en medio de las crecientes políticas de militarización del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien ha asignado a las Fuerzas Armadas tareas de seguridad pública.
Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos también han denunciado el silencio de las instituciones estatales y federales.