Chilpancingo (México), 18 sep (EFE).- Militares del 27 Batallón de Infantería en la ciudad de Iguala, en el estado mexicano de Guerrero, sur del país, impidieron este lunes, con gases lacrimógenos, que padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014 y sus compañeros se manifestaran en el exterior de las instalaciones militares.
Como parte de sus actividades programadas esta semana, ante la cercanía del noveno aniversario de la desaparición en esa ciudad de los 43 estudiantes, el 26 de septiembre de 2014, los padres e integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) intentaron llevar a cabo un mitin afuera de la sede militar.
Los manifestantes llegaron en más de 20 autobuses a esas instalaciones del Ejército mexicano, implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de acuerdo con los resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), e iniciaron sus actividades.
Al frente de la protesta estaban los padres y madres con imágenes en gran formato con el rostro de sus hijos desaparecidos y cuando la palabra fue tomada por el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Isidoro Vicario Aguilar, desde el interior de la sede militar salió la primera bomba de gas tóxico.
El hecho dispersó la protesta pues los militares arrojaron más bombas de gas lacrimógeno. En respuesta los normalistas lanzaron bombas de fabricación casera y le prendieron fuego a un vehículo de carga de la cadena de tiendas Coppel.
La refriega se extendió por varios minutos lo que detuvo el tráfico en las vialidades cercanas y provocó que personas de negocios cercanos y transeúntes se resguardaran del ambiente tóxico que generó el gas.
El pasado jueves 14 de septiembre en Chilpancingo los estudiantes también fueron disuadidos con gases lacrimógenos en su protesta frente a un batallón militar, y el gas con el que fueron dispersados intoxicó a niños de una escuela primaria y un jardín de niños.
Desde el inicio de las protestas por la desaparición en 2014 las organizaciones sociales y normalistas han señalado al Ejército como partícipe, línea que se ha reforzado en los informes del GIEI, que también señala al Gobierno de México de encubrirlo.
Como parte de sus actividades para conmemorar la fecha, padres y estudiantes se trasladarán en los próximos días a Ciudad de México, donde harán plantones frente a la Fiscalía General de la República (FGR) y protestarán para exigir que el presidente Andrés Manuel López Obrador resuelva el caso.
La polémica por Ayotzinapa crece porque queda un año para que López Obrador cumpla su promesa de resolver el caso durante su Gobierno, que concluyó el año pasado que fue un “crimen de Estado” en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas.
El Gobierno de López Obrador ha desmentido la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica”, que sostenía que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula.