Washington, 21 ago (EFE).- Cuatro ciudadanos mexicanos denunciaron este lunes al estado de Texas (EE.UU.) por haberlos mantenido en prisión durante semanas, después de que los cargos en su contra fuera retirados o hubieran cumplido su sentencia.
De acuerdo con la denuncia interpuesta, entre otros grupos, por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en nombre de los cuatro migrantes, los hombres fueron detenidos por haber cometido infracciones menores por haber entrado ilegalmente en propiedades, algo que generalmente no es penalizado por cárcel.
Ese tipo de acusación está siendo utilizada por el Gobierno de Texas para criminalizar a los migrantes, explica la demanda.
“Las crueles políticas fronterizas de Texas son un desperdicio, son incendiarias y están plagadas de abusos contra los derechos humanos”, dijo David Donatti, uno de los abogados de ACLU que presentó la querella, en un comunicado.
El letrado recordó que sus clientes “estuvieron encerrados durante días y semanas después de que la ley estatal ordenara que fueran liberados”.
Los demandantes estuvieron detenidos entre 13 y 42 días más de lo que estipula la ley, detalla la querella. Tras ese periodo fueron trasladados de la prisión estatal donde se encontraban a centros de detención para migrantes.
Aparte de esos cuatro casos, por lo menos otros 80 migrantes estuvieron encarcelados en Texas por un periodo superior al estipulado por la ley entre septiembre de 2021 y enero de 2022, subraya la demanda.
Esta práctica forma parte de la Operación Estrella Solitaria, una campaña emprendida por el Ejecutivo del gobernador ultraconservador de Texas, Greg Abbott, para restringir la migración en la frontera sur.
Ente las polémicas medidas implementada por el republicano está la instalación de decenas de metros de concertina en el territorio fronterizo y de una barrera flotante, compuesta por grandes boyas, sobre parte de Río Grande, que separa México de EE.UU.
El Gobierno del presidente del país, el demócrata Joe Biden, ha presentado una demanda contra Abbott contra la barrera flotante, acusándolo de haber infringido la ley al haber colocado las boyas en un río “navegable” sin un permiso de las autoridades federales.