Ciudad de México, 10 abr (EFE).- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) expresó este miércoles su preocupación por la reciente aprobación de la iniciativa de ley antimigrante Senate File 2340 en el estado de Iowa, Estados Unidos, que entrará en vigor el próximo 1 de julio.
La citada legislación clasificará como delito grave el reingreso indocumentado o la permanencia en el estado después de la negación de un alivio migratorio.
“La ley busca la criminalización de la población migrante, ya que permitirá a oficiales de procuración de justicia a nivel local y estatal que arresten a personas inmigrantes por estancia indocumentada, y posibilita a los jueces del estado a ordenar deportaciones”, explicó la Cancillería en un comunicado.
La representación diplomática señaló que por medio del Consulado de México en Omaha se han implementado “medidas de prevención e información para que las personas mexicanas en el estado conozcan sus derechos”, y cuáles son las herramientas de asistencia consular y asesoría legal a las que pueden recurrir.
Además, dijo que redoblarán sus encuentros con autoridades aliadas y agrupaciones de derechos civiles para reforzar la presencia en el estado, brindarán asesoría legal gratuita a través de los y las abogadas del Programa de Asesorías Legales Externas (PALE) y llevarán a cabo, con apoyo de aliados locales, jornadas de diagnósticos migratorios gratuitos.
También expuso que de igual forma la comunidad mexicana puede comunicarse las 24 horas al Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM), donde encontrarán información oficial, segura y confiable sobre esta legislación y los servicios y acciones consulares que ponemos a su disposición.
La SRE, a través de su representación consular en Iowa, aseguró que “estará atenta para responder a cualquier violación y, como lo ha realizado ante iniciativas similares, explorará recursos legales que contribuyan con la defensa de los derechos de las personas mexicanas en el estado”.
El pasado 27 de marzo, el Gobierno mexicano, por medio de la SRE, celebró que la ley SB4, que permite a autoridades de Texas detener y deportar migrantes, fuera suspendida hasta nuevo aviso por un Tribunal estadounidense.
La polémica por la ley ocurre en medio del flujo migratorio inédito de los últimos años en la región, donde México reportó una subida de cerca del 77 % en la migración irregular en 2023, con más de 782.000 extranjeros indocumentados detectados.
Además, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) declaró en septiembre pasado a la frontera entre México y Estados Unidos como “la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo”, con más de 686 migrantes fallecidos o desaparecidos en 2022.