Mesa insta a la comunidad internacional a poner “máxima atención” en Bolivia

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BOLIVIA JUSTICIA

La Paz, 14 mar (EFE).- El expresidente Carlos Mesa y líder del mayor partido opositor de Bolivia envió este domingo una carta al secretario general de la ONU, António Guterres; a la alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet; a la Unión Europea y a la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que denuncia la “persecución judicial” en su país.

Carlos Mesa (2003-2005), quien compitió con Evo Morales por la Presidencia en las fallidas elecciones de 2019, alerta en su misiva de “la ejecución de un plan de violación sistemática de los derechos humanos de líderes de oposición por el Gobierno de Bolivia” presidido por Luis Arce.

Por lo que insta a que la “comunidad internacional ponga su máxima atención en Bolivia, para evitar en un futuro próximo el colapso de la democracia y la vulneración sistemática de los derechos humanos”.

“La actual administración afirma que el Gobierno de su antecesora, Jeanine Áñez, fue ‘de facto’, cuando está claro que nació de una crisis de Estado producto del fraude electoral y del vacío de poder gestados por el expresidente Evo Morales después de la votación en las elecciones anuladas del 20 de octubre del año 2019”, señala.

En su carta, el líder de Comunidad Ciudadana (CC) recuerda que la anulación de las elecciones de 2019 se sustentó en un informe de la OEA que “fue avalado por la Unión Europea”.

Mesa afirma que Evo Morales y el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) “están usando la figura de un falso e inexistente ‘golpe de Estado’ para perseguir con un proceso penal manipulado a los principales líderes de la oposición”.

La carta está dirigida también al alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell; al secretario general de la OEA, Luis Almagro; al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, y al secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Jaime Vidal.

El líder de la oposición boliviana reitera que el Gobierno transitorio de Áñez fue de “derecho y no de facto, fue producto de una sucesión constitucional y fue reconocido internacionalmente por la mayoría de los países que conforman la ONU y la OEA”.

Asimismo recuerda que esa sucesión fue avalada en Bolivia por el Tribunal Constitucional, el Parlamento, entonces controlado por el MAS, que emitió un decreto en el que se anularon las “elecciones viciadas” de 2019.

Con anterioridad a la misiva de Mesa, el secretario general de la ONU pidió que se respete el “debido proceso” y la “transparencia” en las detenciones de Áñez y sus exministros e instó a que se avance en los “pasos dados por todos los actores bolivianos hacia la consolidación de la paz”.

También una portavoz del Servicio Europeo de Asuntos Exteriores (SEAE) dijo desde Bruselas que la UE sigue “de cerca” los acontecimientos “preocupantes” en Bolivia y espera que las diferencias políticas se resuelvan “mediante el diálogo y la reconciliación con el fin de preservar la estabilidad política y el respeto de los derechos humanos”.

Áñez y sus exministros Rodrigo Guzmán, de Energía, y Álvaro Coímbra, de Justicia, fueron detenidos en los últimos días en el marco del caso “golpista” y se les acusa de sedición y terrorismo durante la crisis de 2019 tras las fallidas elecciones que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia.

En tanto la expresidenta interina Áñez pidió a través de una carta a la OEA y a la Unión Europea que envíen a Bolivia una misión de observación para que “evalúe de manera objetiva su aprehensión”.

PIDEN MEDIDAS CAUTELARES

La bancada de la opositora Alianza Creemos interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de aplicación de Medidas Cautelares para la expresidenta interina Áñez.

Creemos pide a la CIDH que “se adopten las Medidas Cautelares necesarias para preservar los derechos, la vida e integridad” de Áñez, y los exministros interinos Álvaro Coímbra, de Justicia, y Rodrigo Guzmán, de Energía.

En un comunicado, el partido del exlíder cívico Luis Fernando Camacho también señala que esas medidas se extiendan a todos las personas que están siendo procesadas “por las movilizaciones sociales que pidieron la renuncia del expresidente Evo Morales en octubre y noviembre de 2019 a raíz del fraude electoral en las elecciones de 2019”.