Washington, 10 abr (EFE).- El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, encargado de la política migratoria del país, admitió este miércoles que la frontera con México está en “crisis”, pero reiteró que el único que puede resolver el problema es el Congreso.
Mayorkas participó en dos audiencias, una ante la Cámara de Representantes y otra ante el Senado, para presentar los presupuestos de la Administración de Joe Biden para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) para 2025.
Sus comparecencias coinciden con el juicio político (impeachment) impulsado en febrero por la Cámara Baja, de mayoría republicana, por su gestión de la política fronteriza, y que debe pasar en los próximos días por el Senado, controlado por los demócratas.
Preguntado este miércoles sobre si calificaría de crisis la situación en la frontera sur, Mayorkas afirmó que sí.
A su vez, el secretario criticó que el Congreso rechazara en febrero un proyecto de ley negociado por un grupo de senadores demócratas y republicanos que buscaba endurecer la política fronteriza.
“Solo el Congreso puede arreglar nuestro sistema roto y obsoleto. Solo el Congreso puede responder a nuestra necesidad de tener más agentes de la Patrulla Fronteriza, oficiales de asilo, jueces de inmigración, instalaciones y tecnología”, recalcó.
El Partido Republicano y su candidato a la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump, han puesto en el centro de su campaña la migración, que se ha convertido en uno de los mayores temas de preocupación de los votantes, y acusan a Biden de tener las “fronteras abiertas”.
La Administración de Biden anuló la política de Trump que facilitaba las devoluciones de migrantes en caliente y puso en marcha programas de permisos humanitarios para personas de varios países, al tiempo que restringió las solicitudes de asilo en la frontera.
En diciembre del año pasado, se registraron más de 300.000 cruces irregulares en la frontera con México, una cifra histórica.
Mayorkas aseguró en sus dos audiencias de este miércoles que el Gobierno ha deportado a más de 630.000 personas en el último año.