Más policías que familiares: el polémico funeral de “Baby River” en Filipinas

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FILIPINAS PRESOS

Manila, 16 oct (EFE).- Decenas de agentes de policía han rodeado el funeral de “Baby River”, hija de una presa política de Filipinas a quien no se permitió cuidar de la bebé enferma ni visitarla en el hospital, lo que ha abierto un debate sobre el doble rasero de la justicia filipina y el acoso a activistas de izquierda.

Después de numerosos portazos de la justicia, su madre, Reina Mae Nasino, activista de 23 años, acudió hoy escoltada por una multitud de agentes, esposada y ataviada con un traje protector contra la covid-19 al cementerio de Manila tras obtener un permiso de solo tres horas para despedir a su hija, que falleció el 9 de octubre de neumonía a los tres meses.

“No hay palabras para describir esta terrible pérdida, más que una grave y cruel injusticia, no solo contra River, Reina y su afligida familia, la muerte de Baby River es sobre todo un acto de injusticia contra el pueblo filipino”, afirmó a EFE Fides Lim, portavoz de Kapatid, organización de familiares de presos políticos en Filipinas.

UN EMBARAZO EN LA CÁRCEL

Reina pasó casi todo su embarazo en prisión preventiva sin apenas supervisión médica después de haber sido detenida en noviembre de 2019 por posesión de armas y explosivos, que su defensa alega fueron colocadas por la policía, y dio a luz el 1 de julio a River, que nació con solo 2,4 kilos de peso y la piel amarillenta.

Desde Kapatid y la defensa de Reina se enviaron a los tribunales, incluido el Supremo, decenas de peticiones para la liberación humanitaria de la presa durante el embarazo, todas desatendidas.

Madre e hija sólo estuvieron juntas el primer mes y medio de vida de River, hasta el 13 de agosto, cuando un juez decidió que la cárcel donde está encerrada Reina, todavía sin condena, no tenía medios suficientes para el cuidado de una bebé durante la pandemia.

La salud de River, privada de la leche materna y al cuidado de su abuela Marites Asis, pronto empeoró y fue ingresada varias veces en el hospital sin que su madre lograra visitarla.

“La muerte de Baby River recae sobre el gobierno de Rodrigo Duterte, ya que agencias y organismos gubernamentales pudieron haber actuado en numerosas ocasiones para evitar esta tragedia”, insistió Lim.

BREVE PERMISO PARA SALIR

Tras su muerte, Reina logró un permiso de tres días para velar a su hija en compañía de su familia pero, horas después, los responsables de la prisión presentaron un recurso para que le recortaran la autorización alegando falta de personal para ocuparse de ella.

Finalmente, todo lo que le concedieron fue tres horas el pasado miércoles para acudir al velatorio y otras tres horas hoy para asistir al funeral.

En ninguna de las dos salidas Reina pudo abrazar a sus seres queridos ni hablar con nadie, ni siquiera con su madre, trato que para muchos filipinas revela una crueldad desmedida contra una joven madre en duelo y desigual si se compara con las concesiones que la justicia otorga a presos con poder condenados por delitos de corrupción e incluso asesinato.

A Reina le privaron hoy de ir al tanatorio para acompañar a la comitiva hasta el cementerio, un cortejo fúnebre que se vio interrumpido enseguida, cuando el coche funerario aceleró la marcha escoltado por varios vehículos de la policía, incluido uno de las fuerzas especiales y un camión de bomberos.

ACOSO A PRESOS POLÍTICOS

A las puertas de un cementerio cerrado al que solo pudieron entrar una veintena de familiares de River, decenas de filipinos protestaron por el trato “injusto e inhumano” a Reina y los más de 600 presos políticos en las cárceles filipinas -la mayoría a la espera de juicio- y cuyas peticiones de libertad bajo fianza durante la pandemia por razones humanitarias fueron ignorados.

El caso de “Baby River”, tendencia hoy en las redes sociales, ha puesto de relieve el creciente hostigamiento al que activistas políticos, militantes de izquierda y disidentes están siendo sometidos por la administración Duterte, marcada por el asesinato de más de 250 líderes sociales y el encarcelamiento de 362 presos políticos.

“Estos no son actos aleatorios de crueldad e inhumanidad, es un esfuerzo coordinado en toda la nación para asegurar que los activistas arrestados y presos políticos como Reina Mae sufran por delitos que no cometieron, incluso hasta el punto de permitir que un bebé de tres meses muriera para torturarla”, lamentó Cristina Palabay, coordinadora de Karapatan, red nacional de grupos de derechos humanos.

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