Los Ángeles, 6 oct (EFE).- Tras un nuevo golpe judicial contra la Acción Diferida (DACA), miles de beneficiados con el alivio migratorio y otros que aspiran a tenerlo han volcado nuevamente sus esperanzas de una solución permanente a un Congreso federal sin visos de acuerdos bipartidistas.
Los llamados a los legisladores para que aprueben una ley que de una vía a la residencia a los beneficiados por DACA, que se conocen como “soñadores”, han llovido este jueves por parte de inmigrantes, políticos, empresarios y grupos civiles.
Todos rechazaron la decisión del Quinto Circuito de Apelaciones que apoyó el falló de una corte inferior que consideró ilegal el programa.
“Hasta las mismas cortes han dicho que este problema lo resuelve el Congreso”, señaló a Efe Karina Ruiz , directora de Arizona Dream Act Coalition. “Aquí lo que falta es voluntad”, agregó.
Thomas Sáenz, presidente del Fondo Mexicano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), cuestionó la “negligencia” legislativa y dijo que si bien la organización continuará en los tribunales defendiendo DACA, el Congreso es el que debe actuar para una protección permanente.
Incluso este jueves una decena de asociaciones empresariales y cámaras de comercio de Texas instaron al Congreso a brindar protecciones permanentes para los soñadores aludiendo a los beneficios económicos.
FALTAN 10 REPUBLICANOS
Este jueves el senador Bob Menéndez, el latino de más alto rango en el Congreso, dijo que la única forma en la que se puede terminar con la incertidumbre de “los soñadores” es con el apoyo de 10 republicanos en el Senado para aprobar una ley, algo que “hasta ahora no ha sido posible”.
La soñadora Brenda Ruíz es consciente de que sus problemas migratorios no están en las prioridades de los políticos en Washington.
No obstante, la madre de dos niños estadounidenses y que ha vivido por más de tres décadas en Los Ángeles aseguró a Efe “que no hay que rendirse”.
Ese es el mismo sentimiento que impulsó a unos 150 inmigrantes y activistas a marchar hoy en las inmediaciones del Congreso de EE.UU. para pedir la aprobación de una ley. Al menos 13 fueron arrestados por desobediencia civil.
La guatemalteca Aimee Benítez, que recibió el beneficio hace un año, urgió a los republicanos a “dialogar”.
“Si conocen nuestras historias se darán cuenta como le aportamos al país, y dejarán de tenernos como un balón con el que se juega de aquí para allá”.
A Benitez le faltaba un mes para poder calificar al beneficio de DACA cuando el expresidente Donald Trump puso fin al programa y se inició una batalla legal. La joven tuvo su solicitud en suspenso por cinco años.
“Sería injusto que me quiten la protección ahora”, dijo entre lágrimas.
Para Miguel Tinker-Salas, profesor de Historia y Estudios Latinos en Pomona College, los demócratas también tienen problemas para lograr un consenso total.
En referencia a los votos esquivos de los demócratas moderados Kyrsten Sinema y Joe Manchin, que han mostrado dudas en varios proyectos del Gobierno de Joe Biden.
Dijo que además hay “un estancamiento en el Congreso” que no ha logrado pasar más que dos o tres leyes grandes. Al desalentador panorama se suman las elecciones de medio termino a casi un mes donde
LA LEY DE REGISTRO
Brenda Ruíz, y los soñadores de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) han puesto sus esperanzas en un proyecto presentado al Congreso para actualizar la ya existente Ley de Registro.
La propuesta para modificar la norma establecida en 1929 actualizaría el estatuto de Registro existente para que un inmigrante pueda calificar para la residencia permanente si ha vivido en EE.UU. continuamente durante al menos siete años y tiene buen carácter moral.
El proyecto de ley, presentado la semana pasada por el senador Alex Padilla, daría la residencia permanente hasta a ocho millones de inmigrantes, entre ellos los amparados por DACA.
“Este proyecto es el más viable para que de una vez por todas se otorgue un amparo no sólo a los soñadores, sino también a sus padres, y a otros miles de inmigrantes”, resaltó Brenda Ruiz.
Padilla aseguró que el fallo de ayer debe poner más presión al Congreso.