Washington, 9 feb (EFE).- El Partido Republicano había prometido al hacerse con el control de la Cámara Baja que sometería a una investigación constante a la Administración de Joe Biden y sus constantes audiencias legislativas sobre su actuación, las últimas de ellas este jueves, ponen en evidencia que su objetivo no flaquea.
La gestión de la pandemia y de la frontera con México, supuestas presiones en el pasado para que Twitter beneficiara al actual mandatario o la “instrumentalización” del Gobierno federal, algo para lo que se ha creado un subcomité específico, encabezan las pesquisas.
“El Departamento de Justicia y el FBI están sufriendo una infección política que si no se derrota provocará que los estadounidenses no confíen más en estas históricas instituciones”, dijo este jueves el senador republicano Chuck Grassley en su comparecencia ante ese subcomité de la Cámara de Representantes.
Las elecciones de medio mandato del pasado noviembre dieron a los conservadores la mayoría en esa cámara y esta les proporcionó a su vez la presidencia de sus comités, donde han dejado clara su intención de hacer que el Ejecutivo de Biden “rinda cuentas”.
“La vigilancia ahora es más necesaria que nunca. El Congreso necesita a denunciantes. Urjo a gente con integridad a que salga a decir la verdad”, añadió también hoy el senador republicano Ron Johnson. Según los cálculos de su formación, docenas de trabajadores del FBI han sufrido represalias por denunciar fallos en ese cuerpo.
Desde enero, con el inicio de la nueva Legislatura, la agenda de los comités y subcomités de la Cámara de Representantes se ha llenado así de interrogatorios donde los republicanos piden explicaciones.
Y en esos órganos, integrados también por legisladores demócratas, las críticas públicas de estos últimos sobre el foco de esas investigaciones no ha tardado en llegar.
El congresista demócrata Jamie Raskin, miembro del Comité de Vigilancia y Rendición de Cuentas, reprochó este miércoles que ese mismo día se estuviera interrogando a exdirectivos de Twitter por el veto en 2020 a la difusión de un artículo del New York Post crítico con Biden, que entonces era candidato a la presidencia, y basado en datos sacados de un ordenador que supuestamente era de su hijo Hunter.
“En Estados Unidos los medios privados pueden decidir qué publicar como quieran. No entiendo que el Congreso se vea involucrado en este sinsentido cuando tenemos trabajo serio por hacer”, señaló.
En esa misma línea se pronunció también ayer el demócrata Maxwell Frost, elegido en noviembre y pionero en la Cámara Baja como primer representante de la generación Z en lograr un escaño: “A mis colegas republicanos les hubiera gustado que la historia de Hunter Biden les hubiera ayudado en las elecciones de 2020. No pasó, están enfadados por eso y de ahí el objetivo de esta audiencia”.
Los republicanos también se han marcado como meta conseguir la dimisión del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, al que acusan de abandono de sus responsabilidades tanto en materia migratoria como de narcotráfico. Contra él han presentado dos resoluciones para iniciar el proceso de destitución.
El portavoz de la oficina legal de la Casa Blanca, Ian Sams, se mostró este jueves categórico. Los republicanos extremistas, en su opinión, han decidido que su “prioridad” sea ahondar en “teorías de la conspiración desacreditadas” en lugar de “respirar hondo y trabajar con el presidente y los demócratas en el Congreso para mejorar la vida diaria de los estadounidenses”.
Su comunicado, difundido antes del inicio este jueves del interrogatorio sobre la instrumentalización del Gobierno, subraya que la ciudadanía no se va a dejar engañar: La gente está viendo esas investigaciones “políticamente motivadas (…) como lo que son, un golpe de efecto partidista”, concluyó.