San Antonio/Nueva York, 20 nov (EFE).- El futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido “deportaciones masivas” de los migrantes indocumentados que viven en el país. El republicano ha indicado que, una vez en el poder, usará el poder federal -incluyendo una ley del siglo XVIII- para detener y deportar a los que están en el país.
Sin embargo, para llevar a cabo una operación al nivel de lo que ha previsto (ir detrás de las más de 11 millones de personas indocumentadas) necesitará apoyarse en los gobiernos y departamentos de policía locales y estatales.
La actitud de las distintas regiones frente a la migración, por lo tanto, será clave para frenar o acelerar sus planes, según expertos y activistas consultados por EFE.
Las organizaciones a favor de los derechos de los migrantes en diferentes estados del país ya se están preparando para enfrentar -y resistir -una segunda presidencia del republicano.
Nueva York, una ciudad santuario “sin planes”
En Nueva York, donde viven más de medio millón de migrantes indocumentados, su estatus de ciudad santuario -que no coopera con las autoridades de Inmigración- no les exime de las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
Ante la llegada de la Administración de Trump, el alcalde neoyorquino, el demócrata Eric Adams, ya ha dicho que cumplirá con lo que establece el estatuto de ciudad santuario, que prohíbe a sus agencias compartir información sobre estos residentes, aunque también ha dejado claro desde hace tiempo que quiere cambios en esta política que data de finales de 1989.
El estatuto contempla excepciones para los migrantes que tengan condenas recientes por delitos violentos específicos y quienes estén en la lista federal de vigilancia terrorista. Si el ICE obtiene una orden judicial contra una persona, se procede con ello.
Adams se ha expresado en contra de las deportaciones masivas pero ha admitido no tener planes concretos para enfrentar las prometidas acciones contra los inmigrantes. El alcalde se ha limitado a señalar que su comisionado de la Oficina de Asuntos del Inmigrante, Manuel Castro, se ha reunido con organizaciones para coordinar “en función de las respuestas que van a llegar con la nueva Administración”.
Tras los resultados de las elecciones del 5 de noviembre, de inmediato organizaciones locales y nacionales han sostenido reuniones para discutir sus próximos pasos.
Grupos como la Coalición del Inmigrante han prometido combatir las propuestas de Trump. “Lo detuvimos antes y lo detendremos nuevamente”, aseguró la coalición, mientras que Se Hace Camino afirmó estar dispuesto a hacer frente a “todo” lo que se les presente”.
Por su parte, organizaciones como la Federación Hispana y United We Dream han comenzado a impartir talleres sobre los derechos que tienen los migrantes y para “prepararlos frente a cualquier escenario”.
Texas, un estado aliado
Texas es el segundo estado con la mayor cantidad de migrantes indocumentados en el país, detrás de California, con alrededor de 1,6 millones de personas, según datos del centro de investigación Pew Research Center.
El gobierno estatal, liderado por el aliado de Trump Greg Abbott, ha invertido millones de dólares en una iniciativa llamada Operation Lone Star, centrada en militarizar la frontera y frenar la entrada de migrantes y solicitantes de asilo.
A través de Lone Star, Texas ha movilizado a cientos de agentes de la Guardia Nacional a la zona fronteriza, incluyendo efectivos de otros 14 estados con gobiernos republicanos.
La legislatura estatal, también controlada por el partido de Trump, aprobó a su vez una polémica ley que daba a las autoridades locales la potestad de detener y deportar a los sospechosos de ser migrantes en situación irregular.
Esta regulación no ha entrado en vigor porque una serie de organizaciones, incluyendo ACLU, presentaron demandas para frenarla y aún está pendiente un fallo en un tribunal de apelaciones al respecto.
Texas, señala a EFE Kassandra González, abogada de la organización Texas Civil Right Project, “ha estado usando una retórica sobre los migrantes calificándolos como invasores”.
“Sentimos mucha preocupación (con la llegada de Trump), nos preocupa que pueda haber separación masiva de familias y el uso de un perfil racial para detener a personas” tanto en zonas fronterizas como al interior del estado”, indica la activista.
Unas 5,6 millones de personas en el estado viven en familias con “estatus mixto”, donde al menos un miembro no es ciudadano estadounidense, y los defensores de los derechos civiles temen que un plan de deportaciones masivas haga que el estado “sea un lugar menos seguro para todos”.
“Trump no se limita por lo que dice la ley”, agrega Maribel Hernández, abogada de ACLU, que presentó más de 400 demandas contra el Gobierno durante su primer mandato (2017-2021). “Hace lo que va a hacer, pero nosotros obviamente vamos a ir a las cortes y demandaremos”.