Nueva York, 2 nov (EFE).- Resulta curioso que en un país tan amante de sus mascotas como Estados Unidos, donde se calcula que hay 160 millones de perros y gatos compartiendo hogar con las familias, el tema de las mascotas no haya formado parte en absoluto del debate electoral, cuando no hay casi ningún tema que no separe a los partidarios de Donald Trump y de Kamala Harris.
Las mascotas solo han salido a relucir dos veces, en ambos casos en desafortunados comentarios de los republicanos: primero, la alusión del candidato la vicepresidencia con Trump, JD Vance, sobre las mujeres con gatos y sin hijos generó múltiples reacciones de repudio, pero eso no fue nada comparado con la afirmación de Trump de que los inmigrantes haitianos de Springfield “se comen los perros y los gatos”.
Y sin embargo, el bienestar de los animales es un tema complicado y que genera no pocas quejas por su uso en experimentos farmacéuticos, por la facilidad con que se les aplica la eutanasia o por los altos precios que requiere el cuidado de estos animales.
“Cuando los candidatos presidenciales tengan plataformas de bienestar animal (en EE. UU.) será un momento increíble”, comenta a EFE el abogado y profesor de Derecho de Propiedad y de los Animales en la Escuela de Derecho de la Universidad de Michigan, David Favre.
No obstante, Favre, que ha escrito varios libros en torno a los animales y sus derechos, advierte que éstos se consideran propiedad y que la legislación sobre propiedad es competencia de los estados, y no del gobierno federal.
“De hecho, la única vía para que el gobierno federal actúe es la cláusula de comercio”, explica.
“Además, EE.UU. es tan grande y tiene tanta diversidad cultural que es difícil llegar a un consenso social sobre el bienestar animal”, destaca, lo que contrasta, por ejemplo, con el Reino Unido, donde los animales forman parte del debate político y en otros países de la UE, como España, “donde sí se puede hablar de ellos”.
Trump, primer presidente en un siglo que no tuvo una mascota
Ecologistas y activistas no olvidan que durante el Gobierno de Trump, el primer presidente en un siglo en no tener una mascota en la Casa Blanca, se reformó la ley que protegía especies en peligro de extinción para eliminar de la “protección automática” a cualquier ser vivo, animal o vegetal, y pasar a valorar “caso por caso” la decisión de salvarle basado en el coste de esa acción. El gobierno de Joe Biden la restableció este año.
También se eliminó la norma relacionada con el bienestar de los animales cuya carne podría venderse como ecológica que establecía que las aves de corral fueran mantenidas en espacios suficientemente grandes para poder moverse libremente y el ganado tener acceso al exterior durante todo el año.
Hay que reconocer que Trump firmó la ley que prohíbe la crueldad, especialmente cuando ocurren en el comercio interestatal o propiedades federales.
Mientras que las acciones de la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, como fiscal general en California y senadora federal le valieron el apoyo a principios de octubre del Fondo Legislativo de la Sociedad Protectora de Animales (HSLF por siglas en inglés).
De acuerdo con la HSLF, como fiscal defendió el derecho de un estado a legislar y emitir regulaciones relacionadas con el bienestar animal y la salud y seguridad públicas.
Como senadora copatrocinó proyectos para poner fin a la crueldad contra los caballos, prohibir el contacto público con grandes felinos exóticos, frenar el tráfico de vida silvestre y fortalecer las leyes federales contra cortar las aletas a tiburones, recordó la organización.
“Somos optimistas sobre el potencial de lo que una administración de Harris podría hacer para promover las cuestiones de protección animal”, señaló entones Sara Amundson, presidenta de la HSLF. Esta ha sido la única organización animalista que ha tomado partido en estas elecciones.
Organizaciones como Peta, que con frecuencia hace denuncias sobre trato cruel o Best Friends Animal Society, que busca poner fin al sacrificio de perros y gatos en albergues para el 2025, indicaron a EFE que no intervienen en el debate político por ser grupos sin ánimo de lucro.
No obstante, Danielle Katz, directora sénior de campañas de Peta destacó que trabajan con legisladores de ambos partidos en una amplia gama de temas como la Ley CARGO, que impediría que los Institutos Nacionales de Salud financien la experimentación con animales en el extranjero.