Ciudad de México, 22 ago (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, garantizó este jueves que no habrá represalias contra los trabajadores del Poder Judicial que se manifiesten contra su reforma judicial, que propone elegir a los jueces por voto popular y que ha desatado un paro nacional de este gremio.
“No (habrá represalias), nada”, aseveró tras los cuestionamientos durante su conferencia de prensa sobre el temor que han expresado los manifestantes por ser violentados tras las protestas.
El gobernante mexicano afirmó que está a favor de que los trabajadores se manifiesten, no obstante, pidió que fueran autocríticos “que no caigan en la autocomplacencia y que no se dejen manipular porque no hay nada en la iniciativa de reforma que les afecte”.
También rechazó un documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que alertaba de dejar de pagar sueldos a los trabajadores en huelga desde el miércoles.
Asimismo, señaló que México es un país de libertades plenas y no hay represión.
“Yo mejor hago un llamado a que los que se están manifestando, recapaciten, entren en razón, que no se dejen manipular y que si hubiese alguna afectación a sus intereses, que presenten específicamente por qué ellos están en contra”, apuntó.
López Obrador también defendió la propuesta de elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte mediante un “proceso democrático”, pues aseguró que los actuales funcionarios del Poder Judicial no perderán su derecho a ser candidatos en este nuevo esquema, que comenzaría en 2025.
“Ellos tienen pase directo para ser candidatos. Los nuevos que se inscriban, si son muchos, la comisión va a revisar si llenan los requisitos y, si son muchos, se va a elegir a un juez (…) Van a haber 200 solicitudes, se va a revisar si cumplen con los requisitos”, explicó.
Asimismo, reiteró que la reforma asegurará la “independencia” del Poder Judicial y explicó que pese al paro, no se puede detener el funcionamiento de este órgano.
Los trabajadores judiciales están en contra de la reforma constitucional que el Congreso prevé aprobar en septiembre, cuando el oficialismo controle dos tercios de los escaños, porque argumentan que la elección popular de jueces afectaría la carrera judicial y permitiría la intromisión de partidos y el crimen.
El paro indefinido no incluye a la Suprema Corte ni al Tribunal Electoral, mientras que algunos juzgados atienden casos de emergencia.