Londres cerrará la investigación de los crímenes del conflicto norirlandés

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R.UNIDO IRLANDA DEL NORTE

Londres, 14 jul (EFE).- La Justicia británica dejará de investigar y enjuiciar los delitos cometidos en el conflicto de Irlanda del Norte antes del acuerdo de paz de 1998, si prospera el proyecto de ley que el Gobierno de Londres presentó hoy ante el Parlamento.

La legislación ha sido calificada como una “amnistía encubierta” por sus numerosos detractores, y cuenta con el rechazo tanto de los partidos norirlandeses como del Gobierno de Dublín.

El ministro británico para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, presentó ante la Cámara de los Comunes un proyecto que contempla ante todo el establecimiento de un plazo de prescripción para los delitos que se cometieron en el marco del conflicto entre nacionalistas católicos y unionistas protestantes.

La prescripción se aplicará “de igual forma a todos los incidentes relacionados con el conflicto”, dijo el ministro, de modo que podrán acogerse a ella tanto los miembros del ya inactivo IRA como los de grupos paramilitares lealistas y los agentes de las fuerzas de seguridad y del Ejército británico que perpetraron crímenes.

Los asesores legales del Gobierno británico habían advertido de que la adopción de esta medida de forma unilateral, para que sólo beneficiase a los responsables de delitos del bando pro-británico, sería tumbada en la Justicia y que por lo tanto debía aplicarse indistintamente para todos los implicados.

“Sabemos que la perspectiva de acabar con los procesamientos será difícil de aceptar para algunos y no es una postura que tomemos a la ligera”, declaró Lewis.

Para el primer ministro británico, Boris Johnson, la legislación, muy criticada también por la oposición laborista, “pondrá un punto final” al legado de ese fatídico periodo, que empezó a finales de los años 60 del siglo XX y concluyó con la firma del Acuerdo de Viernes Santo, el 10 de abril de 1998.

RECHAZO DE LAS VÍCTIMAS

La prescripción de los delitos es solo una parte del paquete legal que el Ejecutivo ha querido vender como una iniciativa para reconciliar a la población de Irlanda del Norte, todavía marcada por las más de 3.500 muertes que causó el conflicto.

Londres pretende crear un organismo independiente que se dedicaría a buscar información sobre el conflicto y ayudaría a las familias de las víctimas a “descubrir” la verdad de lo sucedido, a imagen, según documentos del Gobierno, de la Comisión para la verdad y la reconciliación en Sudáfrica tras el apartheid.

El proyecto impulsa asimismo la elaboración de una “historia oral” que recoja los testimonios de los afectados.

Pese a todo ello, las asociaciones de víctimas han reaccionado con furia ante el anuncio de Lewis, y exigen que no se “regateen” sus derechos.

“Eso debe conseguirse a través de investigaciones efectivas, independientes e imparciales, sin intereses creados, y le corresponde a ambos gobiernos garantizar que los derechos de las víctimas se cumplen sin más retraso ni prevaricación”, señaló en un comunicado la organización “Relatives for Justice” (“Familiares por la justicia”).

Para esa asociación, Londres debe renunciar a afirmar que “se está tratando injustamente a veteranos del ejército británico en investigaciones recicladas. Lo cierto es que el Estado británico se ha beneficiado hasta ahora de una impunidad ‘de facto’ y nunca se ha enfrentado al rigor de la ley”.

El ministro Lewis aseguró que, a juicio del Ejecutivo conservador, el actual sistema de procesamiento de casos y denuncias no está funcionando.

En su argumentación, expuso que la Policía de Irlanda del Norte está investigando casi 1.200 casos en la actualidad, que requerirían de más de dos décadas de investigaciones con los recursos actuales, y recordó que más de dos terceras partes de los asesinatos ocurrieron hace más de 40 años, lo que complica aún más su resolución.

Esas explicaciones no parecen haber convencido a mucha gente en Irlanda del Norte, donde la iniciativa ha conseguido la infrecuente proeza de poner de acuerdo desde el nacionalista Sinn Fein (brazo político del inactivo IRA) al gobernante Partido Democrático Unionista (DUP, mayoritario entre la comunidad protestante norirlandesa), socios en el Ejecutivo autónomo de Belfast.

El líder del DUP, Jeffrey Donaldson, dijo que la prescripción de los delitos será “rechazada por cualquiera en Irlanda del Norte que defienda la justicia y el imperio de la ley”.

Para Donaldson, las víctimas verán la medida como un insulto a la memoria de sus seres queridos y de las familias.

Y por si el coro del rechazo no fuese suficientemente amplio dentro de las fronteras británicas, el primer ministro irlandés, Micheál Martin, terció para calificar la propuesta de “amnistía general” y asegurar que ésta sería “muy, muy injusta” por “muchas razones”.

“La introducción de lo que sería una amnistía para todos los agentes de seguridad, todos los paramilitares, por asesinatos y otros crímenes cometidos hasta el acuerdo (de paz) del Viernes Santo (1998) no es la manera de avanzar”, subrayó Martin ante el Parlamento irlandés.

Enrique Rubio