Llueven críticas al Gobierno de Biden por reanudación de “Quédate en México”

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Los Ángeles, 2 dic (EFE).- Defensores de los solicitantes de asilo condenaron hoy jueves el restablecimiento del programa “Quédate en México” y urgieron al Gobierno del presidente Joe Biden “a poner fin” la medida que obliga a los inmigrantes a esperar sus procesos en el país vecino y que, según los activistas, los expondrá a riesgos innecesarios.

Las críticas y llamados se habían dado desde octubre pasado cuando el Gobierno anunció que cumpliría con una orden judicial en medio de una demanda impulsada por los estados conservadores de Texas y Misuri, que exigió reinstalar el programa luego que la Administración demócrata le pusiera fin a comienzo de año.

Desde el próximo lunes EE.UU. y México comenzarán a reinstalar los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), nombre oficial del programa.

Pero los grupos proinmigrantes argumentan que la Casa Blanca pudo hacer algo más para salir un paso adelante a la orden judicial.

En ese sentido, Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), dijo que “la Administración debe dejar de esconderse detrás de una orden judicial defectuosa para justificar el reinicio de Quédate en México”.

Añadió que “este es el momento de que la Administración lidere con valentía y humanidad para hacer todo lo que esté a su alcance para dejar a MPP en el pasado”.

Por su parte, Paola Luisi, directora de Families Belong Together (Las Familias Merecen Estar Juntas) catalogó la restauración de MPP como “un fracaso” de la Administración Biden.

“No solo es cruel, sino también ilegal; es decepcionante. Su decisión, junto a la complicidad del Gobierno mexicano, resultará en miles más de muertes, secuestros y violencia contra familias migrantes”, resaltó en un comunicado.

La coalición de organizaciones “Welcome with Dignity” también se unió a la condena: “El MPP no solo socava la capacidad de la Administración para implementar cambios fundamentales en el sistema de inmigración, sino que tampoco brinda el proceso justo y las protecciones humanitarias que todas las personas merecen”.

Como si anticipara la reacción de los activistas, en un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que ha trabajado “de cerca” con el Ejecutivo del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para que haya “refugios seguros” para aquellos migrantes a quienes se aplique el MPP.

La Cancillería mexicana aseguró en otro comunicado que Estados Unidos “ha aceptado las preocupaciones de carácter humanitario del Gobierno de México”, entre las que citó “mayores recursos para albergues y organizaciones internacionales” que atienden a los migrantes devueltos al país latinoamericano.

Pero esto no parece convencer a activistas como Tami Goodlette, directora de Litigios del Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes (RAICES). “No hay forma de restablecer el MPP de una manera moral o humana. La política es fundamentalmente injusta y tiene un impacto desproporcionado en los migrantes negros e indígenas, y debido a ello las vidas de las familias están en peligro”, sostuvo.

Los activistas también destacaron el hacinamiento que supondrá nuevamente la permanencia de los solicitantes de asilo en la frontera.

Un estudio el Centro Robert Strauss para la Seguridad y el Derecho Internacionales de la Universidad de Texas en Austin encontró que para noviembre de 2021 aproximadamente 26.505 solicitantes de asilo estaban inscritos en las listas de espera en ocho ciudades mexicanas que tienen frontera con Estados Unidos y tienen puertos de inspección que reciben las solicitudes de migrantes.

El malestar por la restauración del programa también se dio entre legisladores. El senador Bob Menéndez, el latino de más alto rango del Congreso, dijo en un comunicado que aunque comprende que la Administración está reanudando la política para cumplir con una orden judicial, le preocupa “profundamente que estén supervisando una expansión de esta política inhumana e implementando la decisión de la corte antes de que se implementen protecciones críticas”.

“Tenemos la obligación moral de hacer todo lo posible para desmantelar rápida y permanentemente esta política diseñada intencionalmente por la Administración (del ahora expresidente Donald) Trump para disuadir a los inmigrantes con crueldad”, añadió.

En cumplimiento de MPP, creado por el Gobierno de Trump (2017-2021) en 2019, unos 70.000 solicitantes de asilo en la frontera sur fueron devueltos a México.

Allí, según un estudio de la organización Human Rights First, se registraron 6.356 informes de secuestros y otros ataques, incluidas denuncias de violación, trata de personas y asaltos armados violentos contra solicitantes de asilo, incluidos menores de edad.