Legisladores de Florida debaten proyectos de ley contra imposición de vacunas

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CORONAVIRUS EEUU

Miami, 15 nov (EFE).- Los legisladores de Florida (EE.UU.) se reúnen a partir de este lunes en una sesión especial para examinar varios proyectos de ley que buscan bloquear los mandatos de vacunación obligatoria contra la covid-19 impuestos por el Gobierno federal a empresas o agencias gubernamentales.

Según la agenda de la Oficina del Gobernador de Florida, Ron DeSantis, los legisladores del estado, en su mayoría republicanos, considerarán cuatro proyectos de ley para imponer sanciones a empresas y gobiernos locales que obliguen a los empleados a vacunarse contra la covid-19.

“Su derecho a ganarse la vida (el de los empleados) no debe depender de las inyecciones contra la covid-19”, dijo DeSantis en un comunicado a finales de octubre pasado al anunciar esta sesión especial, convocada por él.

En ese contexto, el gobernador resaltó que la decisión de “recibir o no una vacuna es una elección” que debe estar basada en “circunstancias individuales”, no en el mandato federal, el cual exige a las empresas de más de cien empleados la vacunación obligatoria de estos o que se les practique un test de covid-19 semanalmente.

Se prevé que esta sesión especial concluirá a más tardar el viernes próximo.

“Ningún policía, ningún bombero, ninguna enfermera, nadie debería perder su trabajo debido a estos golpes”, dijo DeSantis en el mismo comunicado de prensa, haciéndose eco de una petición previa para que los socorristas de otros estados se reubiquen en Florida, si no desean ser vacunados por mandato.

“Vamos a dar un golpe por la libertad”, enfatizó el republicano entonces.

Este mandato se suma al previamente anunciado por la Administración Biden, que exigía a todos los trabajadores del sector médico estar vacunados también.

Los proyectos de ley impulsados por DeSantis serán debatidos, votados y, probablemente, aprobados durante la sesión especial de la legislatura solicitada por el gobernador.

El gobierno de Florida ha interpuesto una demanda contra la Administración Biden por obligar a todos los empleados y contratistas del Gobierno federal a que se vacunen contra la covid-19 antes del 8 de diciembre.

En rueda de prensa, DeSantis señaló al anunciar la demanda el pasado 28 de octubre que la orden federal es “ilegal” y una “extralimitación” que, en el caso de Florida, interfiere con las políticas de empleo y en general con la economía estatal.

La demanda, anunciada también por la fiscal estatal, Ashley Moody, se produce después de que 21 fiscales estatales y republicanos enviaran una carta a Biden en la que criticaron la obligación de vacunas a los empleados y contratistas federales.

La demanda es un nuevo capítulo en el pulso que mantienen la Administración federal y el gobernador DeSantis, que también ha prohibido que se impongan en las escuelas el uso de las mascarillas como medida de prevención y ha dejado la palabra final en este punto a los padres de familia.

Entre las consideraciones que el gobernador de Florida ha pedido a los legisladores están las de “proteger a los empleados actuales y potenciales contra la discriminación injusta sobre la base del estado de vacunación (contra la) covid-19 y garantizar una aplicación sólida de esta protección”.

Entre otras medidas, el gobernador pide “asignar una cantidad suficiente de fondos para investigar las quejas relacionadas con los mandatos de vacunación (contra la) covid-19 y emprender acciones legales contra dichos mandatos, incluidos los (…) impuestos por el Gobierno Federal.

Mientras tanto, un tribunal de apelaciones de EE.UU. confirmó el pasado viernes su decisión de bloquear la orden ejecutiva de Biden sobre la imposición del mandato federal de vacunación.

De acuerdo con el fallo de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos, a la que tuvo acceso Efe, la Administración de Biden “no podrá tomar ninguna medida para implementar o hacer cumplir el mandato hasta que haya una nueva orden judicial”.

En esa decisión, el juez Kurt Engelhardt consideró que la orden emitida por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, en sus siglas en inglés) es “demasiado amplia”, es decir, que no diferencia entre negocios ni lugares de trabajo.