Nueva York, 6 ago (EFE).- La organización de derechos civiles Latino Justice PRLDEF advirtió este miércoles de que la acción del presidente Donald Trump de despedir a cinco de los miembros de la junta de supervisión fiscal de Puerto Rico “es una maniobra descarada” para asumir su control y favorecer a los fondos buitres y a los que compraron la deuda a precios bajos.
“Esta acción profundiza el saqueo continuo de la isla, que es una de las características del colonialismo”, afirmó la presidenta y consejera general de Latino Justice, Lourdes Rosado, en un comunicado.
El martes Trump destituyó a cinco de los siete miembros de la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico (JSAF), creada por la Ley PROMESA de 2016 para supervisar la reestructuración de la deuda pública de la isla, un proceso de quiebra limitado, y administrar los gastos en infraestructura y otros servicios públicos, ejerciendo así un control sobre su economía.
Trump despidió al presidente de la JSAF, Arthur J. González, así como a Cameron McKenzie, Betty Rosa, Juan Sabater y Luis Ubiñas, todos demócratas.
González fue designado en 2016 por el presidente Barack Obama al inicio de la Junta, mientras que Rosa fue nombrada por el presidente Joe Biden en 2020, y McKenzie, Sabater y Ubiñas en 2024, indicó la organización.
Sólo permanecen los republicanos Andrew G. Biggs y John E. Nixon.
Según trascendió, la acción responde a que la Junta ha sido administrada de forma ineficiente y poco transparente y además ha despilfarrado recursos en bufetes de abogados, consultoras y empresas de cabildeo.
“El pueblo puertorriqueño ya ha sufrido demasiado bajo las medidas de austeridad impuestas por las políticas de la JSAF, con tarifas eléctricas por la nubes y cortes prolongados y frecuentes del servicio eléctrico que ponen en riesgo vidas, además de recortes en educación y servicios de salud que convierten la vida diaria en una lucha constante”, destacó Rosado.
La Ley Promesa fue aprobada por el Congreso en junio del 2016 y promulgada por Obama después de que Puerto Rico se declarara en quiebra, con una deuda aproximada de 123.000 millones de dólares, la primera vez en la historia en que un estado o territorio optó por esa acción.
Rosado aseguró que tanto la Ley PROMESA como la JSAF han sido desde el principio “instrumentos problemáticos e ineficaces” para abordar la devastadora crisis económica de Puerto Rico.
Destacó igualmente que han hecho “muy poco” por mejorar la vida de los puertorriqueños que sufren los efectos de la austeridad y de servicios inadecuados y mal financiados.
“Hasta que no se desmantele esta Junta no electa y se devuelva el control de la economía al pueblo puertorriqueño, no veremos el desarrollo que la isla necesita y merece”, afirmó.