Las familias “sin techo” en Chile llegan a su máximo histórico desde 1996

0
27
463775

CHILE VIVIENDA

Santiago de Chile, 25 mar (EFE).- Un total de 81.643 familias en Chile viven asentadas en campamentos irregulares, un 74 % más que las consignadas en 2019 y cifra que supone el “máximo histórico desde el año 1996”, según un estudio publicado este jueves por TECHO-Chile y Fundación Vivienda.

El Catastro Nacional de Campamentos 2020-2021, elaborado en terreno por estas organizaciones, se centra en unidades socioterritoriales de ocho o más familias que no tienen acceso al menos a uno de los servicios básicos: sanitario, agua potable y/o energía eléctrica, además de encontrarse en “situación irregular de tenencia de terreno”.

Desde 2011, acusa el informe, Chile vive un avance progresivo en la “campamentación”, haciéndose cada vez más evidente la profundidad del problema de acceso a la vivienda que enfrenta el país austral.

Sin embargo, el salto observado entre los años 2019 y 2020 “representa un quiebre estructural en la tendencia al alza” registrada en periodos anteriores, fenómenos “que puede atribuirse a eventos (…) que tuvieron un impacto significativo en los ingresos de las familias: el estallido social y la pandemia por covid-19”.

Entre 2019 y 2020, los campamentos aumentaron en un 20,3 %, pasando de 802 a 969, pero fue su dimensión la que registró el mayor incremento: de un promedio de 77 familias por campamento, hoy se tiene a 139.

La mayor concentración de campamentos en Chile se encuentra en la Región de Valparaíso, con un 29,2 % de los asentamientos, en su mayoría construidos con materiales rudimentarios y contrachapado en las laderas vacías de cerros y quebradas.

Por su parte, la Región Metropolitana, donde se encuentra la capital del país, Santiago, alberga el 28,8 % de los asentamientos irregulares, aunque al igual que en Valparaíso registró aumentos importantes: de 5.991 pasaron a 19.444 familias bajo estas condiciones.

Chile, que por estos días se encuentra sumido en una segunda ola de la pandemia que a la fecha ha cobrado la vida de más de 22.000 personas -considerando solo casos confirmados-, ha sufrido duros embates económicos producto de las medidas restrictivas contener la covid-19.

Para mitigar estos efectos, el Congreso aprobó en julio de 2020 un inédito retiro del 10 % de los fondos previsionales, del que se benefició un 94,4 % de los 11 millones de afiliados al sistema.

Los pagos efectuados por las empresas administradoras alcanzaron los 16.000 millones de dólares, y si bien el Gobierno reconoció el positivo impacto en el consumo y reactivación económica, no fue suficiente.

En diciembre pasado un segundo retiro de fondos fue aprobado por el Parlamento y por estos días se discute un tercero, mientras el 74 % de la población se encuentra bajo cuarentena total.