San Juan, 5 oct (EFE).- El fentanilo y otras drogas son la vía de escape que utilizan los presos para evadirse de la realidad y la principal causa del aumento de muertes en las cárceles de Puerto Rico, donde los activistas denuncian una falta de servicios de rehabilitación y salud adecuados.
En Puerto Rico, se registraron entre 2020 y 2021 un total de 59 muertes de presos, entre 2021 y 2022 hubo un aumento en este dato, alcanzando los 94 fallecimientos, y desde el inicio de 2023 ya se han notificado 58 decesos, según las cifras del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).
El senador independiente y médico José Vargas Vidot afirma a EFE que, a su juicio, “el incremento de fallecimientos se debe a la sobredosis de opiáceos” y que “hay más muertes” de las que recogen los datos de las autoridades.
“Fundamentalmente las muertes en las cárceles se deben a sobredosis”, sobre todo de fentanilo, una epidemia en Estados Unidos, indica el senador, quien critica que los presidios “carecen de servicios de rehabilitación, educación y sanidad adecuados”.
Un informe del DCR detalla que en el año fiscal 2020-2021 de las 80 muertes contabilizadas 22 se debieron a intoxicación por drogas y 21 a causas naturales, mientras que en los casos bajo investigación son 14 frente a 6.
Aunque tanto este documento como el senador y la activista pro rehabilitación de los presos Dally Cruz apuntan a las drogas como principal causa de muerte en las cárceles, Ana Escobar, secretaria del DCR, asegura que el primer motivo actual son causas naturales, seguido del consumo de sustancias controladas.
Control del contrabando
Escobar señala a EFE que una de sus prioridades es controlar el contrabando de drogas en las cárceles y que, para ello, se instalarán tres máquinas con una inversión de 8,3 millones de dólares.
Una de ellas es para escanear a las personas que accedan al recinto y las otras dos para inspeccionar los artículos o bultos que se introducen en las prisiones de la isla, donde están recluidas un promedio de 7.000 personas.
“Esperamos que antes de que finalice este año ya tengamos por lo menos la subasta adjudicada y estemos recibiendo los equipos”, explica.
Unas promesas de las que duda Cruz, de la organización Pro Rehabilitación de los Confinados en Puerto Rico, quien lamenta que cada día hay “más confinados adictos y más droga en la cárcel que en la misma calle”.
“¿Desde cuándo estamos escuchando que están haciendo todo lo humano posible para evitar el contrabando? Lamentablemente llevo ya desde hace 7 o 9 años escuchando las mismas historias”, denuncia.
“Si no los rehabilitamos van a seguir muriendo porque la realidad de ellos ahora mismo es consumir sustancias para huir de su realidad”, afirma la activista.
La salud mental, en el olvido
Además del deficiente tratamiento de las adicciones, otro problema que no se aborda bien en las cárceles es la salud mental de los reclusos.
Vargas Vidot está investigando la muerte de la confinada Shannel Colón, de 23 años, que “tenía un diagnóstico de personalidades múltiples, esquizofrenia y varias condiciones que hacían que su cuadro se agravara”.
Tras ser acusada de robar un vehículo, no tuvo ningún atenuante por su condición mental y no fue internada en un servicio de psiquiatría de nivel terciario. Terminó quitándose la vida en la cárcel.
“El pobre manejo en su caso ha arrojado luz acerca de los protocolos de salud mental en las instituciones carcelarias, al igual que el poco personal para atender estos servicios apremiantes”, clama el médico.
Por otro lado, el senador denuncia la falta de rehabilitación ya que, según sus datos, habitualmente en la isla una persona que ingresa en la cárcel “entra hasta seis veces más”.
“Eso es fuerte, básicamente la entrada a la cárcel es como una sentencia permanente”, agrega.
Fallo en la comunicación con los familiares
También se quejan las familias de los confinados fallecidos, que solicitan a las instituciones penitenciarias un sistema de comunicación más efectivo.
Según un informe de 2010 de la Unión Americana de Libertades Civiles, en Puerto Rico no se informa de la causa de muerte en las cárceles o se le comunica más tarde a las familias.
Viviana M. Berrios, prima de un preso puertorriqueño fallecido el año pasado, narra a EFE cómo estuvieron una semana intentando contactar con él sin éxito tras escuchar rumores sobre su posible muerte.
“Yo personalmente fui hasta la cárcel, fui hasta el centro médico de Bayamón, pero no me dieron información”, explica Berrios, cuya familia no obtuvo la confirmación de la muerte hasta pasada una semana y recibió un informe de autopsia que no deja claras las causas del deceso.
Berrios insiste en la necesidad de “seguir un protocolo y un proceso de comunicación efectiva para atender una situación y así poder evitar una muerte”.
Una situación de angustia que no se puede aceptar: “Todo el mundo, no importa su condición social, merece que sus derechos sean respetados”, concluye la activista Cruz.
