Bruselas abre la puerta a dar ayudas públicas para fabricar chips en la UE

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UE COMPETENCIA

Bruselas, 18 nov (EFE).- La Comisión Europea (CE) podría permitir a los Gobiernos conceder ayudas públicas para la creación de fábricas de chips en la Unión Europea, que quiere duplicar su producción de estos componentes en la próxima década, pero con salvaguardas para evitar una “carrera de subsidios”.

Es la principal novedad de la comunicación presentada este jueves por la vicepresidenta comunitaria Margrethe Vestager para dar una panorámica de la revisión de las normas de Competencia que está llevando a cabo su departamento para adaptar una veintena de regulaciones a nuevas realidades y desafíos, como la digitalización, la transición climática o la competencia de empresas extranjeras muy subsidiadas.

“La Comisión considerará aprobar apoyo para abordar posibles agujeros de financiación en el ecosistema de semincoductores, en particular para instalaciones europeas de primer orden”, explicó la comisaria danesa en una rueda de prensa.

La autorización estará sujeta, no obstante, a “fuertes salvaguardas” para asegurar que esta ayuda es “necesaria, apropiada y proporcionada”, que se minimizan las distorsiones de la competencia, y que los beneficios son compartidos ampliamente y sin discriminación con toda la economía europea.

“Cada caso para el suministro de semiconductores será evaluado rigurosamente en base a sus méritos para asegurar que los proyectos tienen naturaleza europea y evitan una carrera de subsidios dentro de la Unión y más allá”, insistió Vestager.

GANAR AUTONOMÍA

La pandemia ha provocado una escasez mundial de chips, componentes esenciales de cualquier dispositivo digital, que ha obligado a algunas industrias europeas a paralizar su producción y puesto de relieve la dependencia que tiene la UE de los fabricantes asiáticos.

Para ganar autonomía, Bruselas propuso en marzo duplicar su producción de semiconductores, incluidos los de última generación, de modo que en 2030 represente el 20 % de la fabricación global, para lo cual presentará en 2022 una nueva Ley Europea de Chips.

A falta de los detalles, el comisario de Industria, el francés Thierry Breton, quiere que la estrategia incluya la construcción de “mega-fábricas” de chips en Europa, pero levantar una de estas instalaciones, que cuestan hasta 30.000 millones de euros, o atraer fabricantes extranjeros, requeriría subsidios masivos para competir con otras potencias, advierten los expertos.

“La autosuficiencia es una ilusión. Cuando se piensa en el tamaño que se necesita, está claro que ningún país ni empresa puede hacerlo solo, pero tampoco podemos depender solo de un país o empresa. Por ello el objetivo debería ser la diversificación entre socios con las mismas ideas, construir cadenas de suministro resilientes”, dijo Vestager.

Actualmente los Estados pueden conceder ayudas públicas para semiconductores a través del Proyecto Europeo de Interés Común (IPCEI) de microelectrónica, que reúne a Gobiernos y empresas, pero estas se limitan a investigación e innovación.

UNA POLÍTICA DE COMPETENCIA “FUERTE”

Pese a abrir la puerta a subsidiar la fabricación de chips, el mensaje general que ha lanzado Bruselas es que una política de competencia “fuerte” y “efectiva” es “fundamental” para que las empresas de todos los tamaños puedan competir de forma justa, incentivar la innovación, garantizar que los consumidores pagan precios asequibles, y tener cadenas de suministros diversificadas.

Desoye así las reclamaciones de Francia y Alemania, que piden flexibilizar las reglas de Competencia para permitir la creación de “campeones europeos” industriales que puedan competir con los gigantes chinos, sobre todo desde que Bruselas vetó en 2018 la fusión de Siemens y Bombardier.

Otros países, incluida España, rechazan relajarlas. La semana pasada Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Rumanía y Suecia firmaron un documento conjunto en el que advertían que suavizar estas normas podría llevar a una carrera de subsidios que solo beneficie a algunos socios, en particular si se hace un uso excesivo de los Proyectos de Interés Común.

En este sentido, Vestager defendió que las normas europeas permiten las adquisiciones y fusiones para crear grandes empresas, siempre que sigan teniendo rivales, y explicó que los IPCEI seguirán permitiendo únicamente ayudas de Estado para innovaciones que de otra forma sería arriesgado financiar, al tiempo que se facilitará que las pymes participen en ellos.