Miami, 6 ago (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó este martes su alarma ante la eventual consumación de alguna de las numerosas demandas penales y civiles por parte de exfuncionarios de Panamá contra Corporación La Prensa, algo que podría terminar por sofocar la capacidad de subsistencia de esa empresa de medios.
La empresa afronta en la actualidad 15 procesos civiles y 5 demandas penales por parte de exfuncionarios, excontratistas del Estado, diputados y otras figuras públicas, entre ellos el exjefe de Estado Ernesto Pérez Balladares y la esposa del expresidente Ricardo Martinelli, por una suma total superior a 60 millones de dólares en concepto de multas e indemnizaciones.
Roberto Rock, presidente de la SIP, consideró “preocupante que un medio independiente pueda ver comprometido su futuro por una lluvia de procesos judiciales vinculados con su trabajo periodístico”, que además tendría un impacto negativo para la libertad de prensa en ese país.
Rock sostuvo que el “acoso judicial propicia una cultura de la autocensura” que, además de afectar la labor periodística, “lesiona el derecho del público a la información y dificulta el control ciudadano al poder, vital en democracia”.
En su demanda por difamación, el expresidente Pérez Balladares (1994-1999) considera que fue injuriado y desprestigiado en artículos publicados en marzo de 2011, donde el diario reflejó, como otros medios de prensa, instancias judiciales que señalaban su presunta vinculación con un caso de blanqueo de capitales, según lo documentado por la SIP.
La SIP ya había advertido sobre la laxitud de la Justicia en Panamá, cuya legislación permite que un demandante reclame el congelamiento de activos de un medio durante el transcurso de un proceso judicial, aún sin que haya sentencia y echando intencionalmente mano de pretensiones desorbitadas.
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, enfatizó que Panamá debería “adecuar su legislación según los estándares internacionales, para que las figuras públicas, incluyendo funcionarios o líderes políticos, se abstengan de iniciar demandas exorbitantes y acumulativas, que busquen ahogar financieramente a los medios”.
La SIP ha influido en numerosos países para que las demandas contra los medios y periodistas planteadas por figuras públicas en busca de resarcir su honor o reputación no sean dirimidas en el ámbito penal sino en el civil, y que en estos casos exista una proporcionalidad en la demanda y en la eventual reparación establecida por los jueces.