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La SIP condena la “campaña de hostigamiento” contra el diario El Colombiano

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Miami, 2 jun (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este jueves la “campaña de estigmatización y hostigamiento” de la Alcaldía de Medellín contra el diario El Colombiano e instó a sus funcionarios a suspender esa práctica peligrosa que podría desencadenar “actos de violencia física”.

El Colombiano denunció que el regidor de Medellín, Daniel Quintero, y algunos de sus funcionarios menoscaban la credibilidad del periódico, al que calificaron como “pasquín”, y hostigan y estigmatizan en redes sociales a su directora, Luz María Sierra, en represalia por investigaciones periodísticas sobre presuntas irregularidades, nepotismo y actos de corrupción.

Además, la Alcaldía de la citada ciudad “obstaculiza, demora o no responde pedidos de acceso a información”, recogió la SIP, con sede en Miami (Florida).

Según el medio, desde su llegada al Ayuntamiento en 2020, Quintero mantiene una actitud de alejamiento respecto de los medios de comunicación, en especial con El Colombiano y sus periodistas.

Quintero fue suspendido de su cargo el pasado 10 de mayo por expresar en un vídeo su respaldo a la candidatura presidencial de Gustavo Petro.

La Procuraduría General lo acusa de infringir la ley que prohíbe a los funcionarios públicos participar en la política electoral.

No se especificó cuánto tiempo durará la suspensión, aunque presumiblemente será hasta que finalice la segunda vuelta electoral y se anuncie el nuevo presidente del país.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, instó al regidor y a su equipo de trabajo a “cesar el hostigamiento” contra El Colombiano y expresó su “preocupación por la continua estigmatización y el descrédito proveniente de la Alcaldía”, unas acciones, dijo, que pueden “incentivar la violencia y amenazas”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, recordó que en una democracia los periodistas y medios cumplen una función fiscalizadora de la administración pública, muchas veces sujeta a tensiones naturales, pero esto “no justifica campañas de descrédito desde el poder”.

Canahuati y Jornet subrayaron, además, que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establece que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”.

La semana pasada, funcionarios de la Alcaldía arremetieron en contra de la directora del diario por cuestionar un viaje del alcalde y otras nueve personas a Washington, DC, para denunciar su suspensión ante la CIDH.

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