Miami, 25 abr (EFE).- Las amenazas de grupos narcotraficantes contra periodistas en la ciudad de Rosario (este de Argentina), “lejos de atenuarse, persistieron” en el último semestre, según un informe presentado este martes en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
En diciembre pasado, el edificio del canal Televisión Litoral fue objeto de dos ataques con disparos; unos atentados que se sumaron a otras “amenazas directas y personales contra periodistas y amedrentamientos a cronistas, fotógrafos y camarógrafos que cubren hechos de inseguridad vinculados a narcotraficantes”, de acuerdo con el documento.
“Rosario supera los 300 homicidios ligados al narcotráfico en el último año, con lo cual cuadruplica el promedio de cualquier otra ciudad argentina. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) está solicitando una misión de la SIP para analizar los riesgos y amenazas que sufre la prensa”, puntualizó el informe.
AGRESIONES A PERIODISTAS
El documento, pendiente de aprobación en la reunión semestral que la SIP celebra entre este martes y el jueves en Miami, también alertó sobre agresiones sufridas por periodistas y medios de comunicación de Argentina en los últimos meses.
Destaca el caso de Gabriel Prósperi, del canal América, quien sufrió lesiones en febrero pasado durante la cobertura de un juicio en Zárate (provincia de Buenos Aires).
Ese mismo mes, un equipo del canal Crónica y un fotógrafo del diario Página 12 fueron golpeados por parte de efectivos de la Policía de la ciudad de Buenos Aires, en el transcurso de una manifestación.
Por otro lado, el informe recogió la “preocupación” de las organizaciones vinculadas a la defensa de la libertad de expresión por el “acoso virtual” contra la periodista Mariana Abiuso, editora de género del canal de noticias TN, que tuvo que cerrar su cuenta de Twitter debido a la cobertura que hizo de un juicio por el asesinato de un menor.
Otro periodista que sufrió “insultos y amenazas” fue Uki Goñi, quien recibió más de 2.000 mensajes ofensivos por redes sociales a raíz de sus opiniones en una columna del diario The Guardian durante el Mundial de Qatar 2022, según el documento.
OBSTRUCCIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El documento de la SIP enumeró varios ejemplos de obstrucciones a la libertad de expresión por parte de sectores políticos y judiciales, como las amenazas de los abogados de la vicepresidenta, Cristina Fernández, al periodista Diego Cabot, autor de la investigación sobre los conocidos como “cuadernos de la corrupción”.
“Le dijeron que debería estar preocupado por la alta probabilidad de que sea encarcelado”, recordó la SIP.
Además, el 3 de enero pasado, el extitular de la Agencia de Inteligencia -hoy jefe de gabinete- Agustín Rossi anunció su intención de denunciar a los periodistas Joaquín Morales Solá y Daniel Santoro, por la difusión de un pedido de informes de legisladores nacionales en el marco de posibles delitos cometidos por presuntos agentes de inteligencia.
“El interés público de la información difundida, ligada a la presunta comisión de delitos por parte de miembros de fuerzas de seguridad, la ubica dentro del ámbito de protección de la libertad de expresión, amparada por la Constitución argentina. Adepa señaló que las figuras penales contenidas en la Ley de Inteligencia Nacional por violación de secretos no resultan aplicables a periodistas o medios”, manifestó la SIP.