Ciudad de México, 25 sep (EFE).- La paciencia se agota entre las familias de los 43 mexicanos desaparecidos de Ayotzinapa en la víspera del noveno aniversario del hecho y crece la presión para que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, cumpla con la promesa de resolver el caso en el último año de su mandato.
Los padres y las madres de los estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en el sureño estado de Guerrero mantienen, como parte de sus actividades de protesta en la Ciudad de México, un plantón desde el pasado jueves frente a la entrada 1 del Campo Militar 1 en Naucalpan, donde se concentra la información de todos los batallones del país.
Reclaman que el Ejército entregue la documentación que falta sobre el caso y que podría ayudar a dar con el paradero de los estudiantes, aunque el pasado miércoles se reunieron con el presidente y este aseguró que ya está todo entregado.
“Lo está encubriendo (López Obrador al Ejército) porque no quiere que los muchachos (miembros del Ejército) sean investigados. Ellos saben dónde los dejaron, ¿por qué no nos dicen la verdad?”, dijo en una entrevista con EFE Tamara García, madre de Saúl Bruno García.
“Mi esposo se fue (murió) sin saber de su hijo. por eso yo dije: voy a seguir, quiero saber dónde está mi hijo”, añadió la madre.
Las familias elevan sus exigencias
Los familiares y estudiantes se encuentran en el plantón que se prevé que termine este lunes, cuando tendrán los padres una reunión en la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) en la que elevarán las exigencias de entrega de documentación que le hicieron al presidente el miércoles pasado.
“Nosotras como madres queremos saber dónde están nuestros hijos. Si ellos estuvieran en nuestros zapatos actuarían de la misma forma. Que entreguen esa información para que nosotros sepamos dónde están nuestros hijos”, sentenció en una entrevista con EFE Magdalena Maestros, madre de Antonio Santana Maestros.
El martes pasado el presidente de México entregó algunos documentos a pesar de su insistencia en que todo está ya en manos de los investigadores, información que por el momento están estudiando, todo con la ausencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El GIEI recientemente se retiró del país por no poder avanzar en las investigaciones por el obstáculo que implica la falta de colaboración total de las Fuerzas Armadas en la investigación.
Después de ocho años en el país, y avalada su presencia por López Obrador, ahora el presidente los tacha de adversarios asegurando que tienen intenciones en contra del Estado y del Ejército.
“Creemos que no hay un canal de respeto, desde el Palacio Nacional se empieza a atacar al grupo de expertos”, dijo a medios Melitón Ortega, portavoz de los padres de los estudiantes.
Recordó que, aunque el mandato del presidente se termina en octubre de 2024 y por ahora no ha cumplido con su promesa de resolver el caso, “esto continúa”.
Por el momento, este lunes se reúnen con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.
De esta reunión esperan que se cambié el discurso de negar que haya información pendiente de liberar.
“No vamos a decir que están muertos”
Eduardo, estudiante de la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, dijo a EFE frente al campo militar 1 que los compañeros de los 43 estudiantes van a seguir exigiendo justicia.
“No ha cesado la lucha por saber su paradero, seguimos buscándolos, igual sus padres. No importa dónde estén, queremos justicia. Ya los están dando por muertos, pero mientras no haya pruebas científicas de que fueron asesinados, con puro testimonio no vamos a decir que están muertos. Para nosotros están vivos”, sentenció Eduardo.
La Comisión de la Verdad del Gobierno mexicano concluyó el año pasado que el hecho fue un “crimen de Estado” en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas.
El Gobierno de López Obrador ha desmentido la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica”, que sostenía que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula.
