La oposición chilena pide interpelar al ministro de Educación por clases en la pandemia

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CHILE EDUCACIÓN

Santiago de Chile, 20 jul (EFE).- Diez diputados de diferentes partidos opositores de Chile pidieron este martes llevar a cabo un juicio político contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, por “negligencia” en su gestión de los centros escolares y el retorno a las aulas durante la pandemia, un tema polémico en el país.

A través de la figura de la acusación constitucional, por la que el ministro deberá rendir cuentas ante el Parlamento si es que prospera la petición, lo acusan de “una grave vulneración de garantías fundamentales y del derecho a la educación”, además de poner en riesgo la vida e integridad de los alumnos y profesores.

“En Chile hay niños que están siendo vulnerados porque no se ha garantizado su derecho a la educación (…) Más de la mitad de los centros educativos recibieron menos recursos durante la pandemia que antes”, sostuvo la opositora comunista Camila Rojas, una de las firmantes de la petición.

Desde que se suspendieron las clases por la llegada del virus a Chile en 2020, el retorno a las aulas ha sido un tira y afloja entre el Gobierno, que aboga por volver a la modalidad presencial, y la comunidad educativa, que lleva meses denunciando que las condiciones de salud no están garantizadas en gran parte de las escuelas.

El texto acusatorio reporta una “resistencia constante” a atender necesidades básicas de los alumnos y denuncia la ausencia de recursos económicos para hacer frente a la pandemia, la falta de protocolos para las clases virtuales, la brecha digital, el incumplimiento de aforos y la falta de infraestructura.

Durante el primer semestre de 2021, la apertura de los centros educativos estuvo sujeta a la situación epidemiológica, lo que llevó a que muchas escuelas permanecieran cerradas -un 37 % del total de recintos, según cifras oficiales-, o que abrieran de forma intermitente y caótica.

Sin embargo, y por orden del Gobierno, desde el pasado jueves todos los centros podrán abrir de forma voluntaria, incluso en zonas en cuarentena, una decisión que han apoyado organizaciones de protección de los niños y adolescentes como Unicef, pero que criticaron desde el Colegio Médico y otras instituciones educativas.

Desde el Ministerio de Educación anunciaron que se destinarán 25.000 millones de pesos (más de 30 millones de dólares) para enfrentar el retorno a las clases tras las vacaciones de invierno y anunciaron un protocolo sanitario para incentivar también la vuelta presencial a la educación superior.

Se trata de al menos la octava acusación constitucional impulsada por la oposición durante el segundo mandato no consecutivo de Sebastián Piñera, de las que hasta ahora solo prosperó la que se presentó contra el exministro del Interior Andrés Chadwick por su gestión durante las protestas del 2019.

La acusación constitucional es un procedimiento que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra un cargo público y para prosperar necesita mayoría en la cámara baja y el respaldo de dos tercios en el Senado, pudiendo desembocar en la destitución o inhabilitación del acusado.