Ciudad de México, 24 may (EFE).- Organizaciones civiles y el relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes, Felipe González, alertaron este martes del “incremento exponencial” de la militarización contra los migrantes que transitan por México hacia Estados Unidos.
Mientras que en 2019 había 8.715 miembros de las Fuerzas Armadas en tareas migratorias en las fronteras norte y sur, la cifra creció más del triple para abril de 2022, a más de 28.500, indicó el informe “Bajo la bota” de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).
Aunque el fenómeno no es nuevo, “sí ha habido un incremento exponencial de dicha militarización, sobre todo a partir de la firma de acuerdos migratorios que han sido impulsados por Estados Unidos y aceptados, en concreto, por México”, expuso Ana Lorena Delgadillo, directora de la FJEDD, al presentar la investigación.
EL MURO DE MÉXICO
El reporte acusó al Gobierno de México de convertirse en un “muro militar contra la migración”, mientras que Estados Unidos ha “externalizado su frontera”.
“He estado en numerosas ocasiones en México, he visto cómo se ha ido expandiendo la militarización en general de las políticas públicas y en especial, de manera particularmente grave, en el contexto de las políticas y prácticas migratorias”, comentó el relator de la ONU.
Como muestra de ello, el reporte documentó la presentación de al menos 354.367 migrantes ante el Instituto Nacional de Migración (INM) entre enero de 2021 y marzo de este año.
De este número, 149.168 se detuvieron en Chiapas, Tabasco y Oaxaca, estados fronterizos o cercanos a Guatemala, lo que representa el 42 % del total.
El relator de la ONU manifestó que “la detención migratoria debe ser de último recurso”, por lo que denunció “una distorsión entre derechos humanos y seguridad”.
El funcionario internacional celebró el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que la semana pasada declaró inconstitucional las revisiones migratorias que atentan contra el libre tránsito.
Además, reconoció la reforma migratoria de 2020 que prohíbe al INM detener a menores de edad en estaciones migratorias.
“La verdad es que esto es un abuso que diversos Gobiernos mexicanos habían venido haciendo desde hace largo tiempo, pero en los hechos hay una enorme cantidad de niños y niñas detenidos por razones migratorias en México. Entonces no han terminado”, acotó González.
MIGRANTES BAJO LA VIOLENCIA
El reporte también cita que en la última década más de 70.000 migrantes fueron víctimas de tráfico y secuestro en México, con base en el informe Especial sobre la Situación que Guarda el Tráfico y el Secuestro en perjuicio de las Personas Migrantes en México 2011-2020, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Aunque otras estimaciones de la investigación apuntan a cerca de 20.000 migrantes secuestrados al año.
La mayoría de los casos ocurre en Chiapas y Tabasco, en la frontera con Guatemala; en Nuevo León y Tamaulipas, en la frontera con Texas, y en Veracruz, el estado del Golfo de México que conecta el sur con el norte del país.
Las víctimas proceden sobre todo de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba.
El caso mexicano “resulta especialmente acuciante” por los “gravísimos niveles de violencia que confrontan las personas migrantes en situación irregular”, argumentó el relator de la ONU.
“Hay numerosos, muy comunes episodios de trata o de tráfico de personas migrantes, para lo cual, desde luego, la irregularidad migratoria es un terreno abonado”, expresó González.
LOS ESTRAGOS DE EE.UU.
Los ponentes coincidieron en que México ha cargado con los estragos del endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos.
En particular, lamentaron que un juez estadounidense haya dejado vigente la semana pasada el Título 42, una regla de la era de Donald Trump (2017-2021) que permite la deportación inmediata de quienes llegan a la frontera con el argumento de la pandemia.
“Una de las implicaciones que se tiene en la frontera norte es el sobrecupo de espacios humanitarios, estamos rebasados a lo largo de la frontera norte en capacidad, los albergues, las casas de migrantes”, expuso Blanca Navarrete, directora de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA).
Aun así, las organizaciones señalaron la corresponsabilidad del Gobierno de López Obrador, que ha empleado a la Guardia Nacional, un cuerpo civil pero con tres cuartas partes de origen militar, para perseguir a migrantes.
“La gestión de la migración no es un problema de seguridad pública, no debe ser tratado como tal, que las personas migran no son una amenaza”, manifestó Edith Olivares, directora de Amnistía Internacional (AI) México.