San Salvador, 13 abr (EFE).- Un comité de las Naciones Unidas instó a El Salvador a fortalecer las medidas que puedan garantizar la justicia transnacional en casos de migrantes salvadoreños desaparecidos, fallecidos o víctimas de delito en otros países.
Así lo indicó este jueves el Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que dio a conocer “sus observaciones sobre El Salvador, luego de examinar al Estado parte”.
El Comité instó al Estado salvadoreño a que “fortalezca medidas dirigidas a garantizar el acceso a la justicia, incluyendo mecanismos de justicia transnacional para migrantes y familiares en casos de personas migrantes salvadoreñas desaparecidas, fallecidas o víctimas de delito en países de tránsito o destino”.
Indicó que se debe garantizar “su derecho a la verdad y, eventualmente, a las medidas de reparación que pudieran corresponder”.
También llamó a El Salvador a que “fortalezca las cooperaciones bilaterales o regionales con respecto a las garantías de los derechos de las personas migrantes en los países de tránsito y destino”.
En las “Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de El Salvador” el Comité recomendó que “adopte las medidas necesarias para garantizar que sus servicios consulares respondan de manera eficaz a las necesidades de protección de derechos y asistencia de los trabajadores migratorios salvadoreños y sus familiares”.
Entre estas medidas indicó que están “la asignación de recursos humanos y financieros suficientes”, además de capacitaciones sobre los convenios de derechos humanos para sus funcionarios consulares.
El domingo 9 de abril, la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de la Cancillería de El Salvador, Cindy Portal, dijo en una conferencia de prensa que el Gobierno del país centroamericano exige la renuncia de los responsables de las políticas migratorias de México tras la muerte de los 7 salvadoreños en el incendio.
La noche del 27 de marzo un incendio en el centro del Instituto Nacional de Migración, en la frontera de México con Estados Unidos, mató a 40 migrantes, entre ellos 6 hondureños, 7 salvadoreños, 18 guatemaltecos, 7 venezolanos y un colombiano, incidente que el Gobierno salvadoreño califica de ser un “crimen de Estado”.