Ciudad de México, 9 ago (EFE).- La ONU ha documentado el asesinato o la desaparición de 46 defensores indígenas en México desde 2019, y solo uno de los casos ha terminado con una condena para el agresor, denunció este miércoles la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
En un comunicado por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la ONU-DH advirtió que estos casos tienen un posible vínculo con su labor de defensa, lo que representa casi el 30 % de todos los casos de defensores de derechos humanos asesinadas o desaparecidas que ha conocido el organismo en dicho periodo.
“Las personas líderes de estos pueblos están más expuestas a represalias o acciones violentas debido a su visibilidad por la defensa de su territorio y modo de vida. Su asesinato o desaparición tiene un efecto amedrentador sobre todo el pueblo indígena”, señaló Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la ONU-DH.
El organismo detalló que ocho personas siguen desaparecidas, y que en 32 de los 46 casos los defensores indígenas realizaban actividades ambientales y en 33 casos habían sufrido incidentes previos de seguridad, con denuncias en 10 casos.
Los estados con más agresiones fueron Oaxaca con 20, Chihuahua con cinco, Guerrero con cuatro, Michoacán con cuatro y Chiapas con tres.
Pese a las decenas de asesinatos y desapariciones, la ONU-DH lamentó que solo uno se haya resuelto con una sentencia contra el agresor.
“Esta impunidad agrava la discriminación estructural que viven los pueblos indígenas y las dificultades que encuentran en el acceso a la justicia”, añadió Peña Palacios.
México es uno de los países con más población indígena de América, con más de 23 millones de personas que se asumen como tal en un país de 126 millones de habitantes, de los que cerca de 7 millones de hablan un idioma originario, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Pero en años recientes, los habitantes originarios han advertido de conflictos armados crecientes porque el crimen organizado los desplaza de sus comunidades.
“En México, adicionalmente a los desafíos estructurales que han afectado a los pueblos indígenas generando importantes brechas de desigualdad, marginación y acceso a sus derechos, también enfrentan violencia por parte de diferentes actores, incluidos grupos del crimen organizado, quienes disputan el control de su territorio”, comentó Peña Palacios.
La ONU-DH recordó que México fue uno de los países promotores de la adopción del Acuerdo de Escazú, que obliga a proteger los derechos de acceso en asuntos ambientales, lo que reforzaría la protección de defensores indígenas de derechos humanos.