Washington, 5 nov (EFE).- La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles una resolución que insta a todas las instituciones de Guatemala a respetar la Constitución del país y “los principios democráticos”, en medio de las denuncias del presidente, Bernardo Arévalo de León, sobre un golpe de Estado judicial en el país.
El organismo panamericano reafirmó en ese texto, avalado por consenso, su “apoyo a la integridad electoral, la transparencia, la justicia y las libertades fundamentales” en Guatemala.
Asimismo, exhortó a “todas las instituciones del Estado de Guatemala, incluidos los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial” a actuar “con estricto apego a la Constitución Política de la República de Guatemala, al Estado de derecho y a los principios democráticos”.
Además de garantizar “la independencia de los poderes del Estado, el respeto al debido proceso y los estándares interamericanos de derechos humanos”.
Los Estados miembros de la OEA también acogieron “con beneplácito” la decisión del secretario general del organismo, Albert Ramdin, de designar una Misión Especial para el Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas de Guatemala.
Los países exhortaron a Ramdin a que mantenga informado al Consejo Permanente de la OEA “sobre la evolución de la situación política e institucional en Guatemala”.
El pasado 30 de octubre, el canciller guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, intervino ante el Consejo Permanente de la OEA para denunciar un caso de ‘lawfare’ contra el Gobierno de Arévalo de León por parte de la fiscal general del país, Consuelo Porras.
La fiscalía, que intervino en las elecciones de 2023 e intentó evitar que Arévalo de León asumiera el poder, ha promovido varias solicitudes para retirar la inmunidad al presidente, en un intento de vincularlo a delitos como el supuesto incumplimiento de deberes por la fuga de reos en una prisión de máxima seguridad.
El Gobierno guatemalteco ha denunciado que las acciones judiciales emprendidas por Consuelo Porras y por el juez penal Fredy Orellana, ambos sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) por corrupción, están socavando el sistema democrático en Guatemala.