Washington, 16 jul (EFE).— La defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín, afirmó este martes en Washington que la institución que encabeza ha documentado violaciones sistemáticas de derechos humanos contra migrantes colombianos deportados por el Gobierno de Donald Trump, y alertó sobre una escalada de violencia armada en varias regiones del país sudamericano.
Durante su visita oficial a la capital estadounidense, Marín sostuvo reuniones con representantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo con el que la Defensoría mantiene un memorando de entendimiento.
La Defensoría asiste a los deportados
En entrevista con EFE, la funcionaria explicó que en lo que va de año Colombia ha recibido 29 vuelos de deportación procedentes de Estados Unidos, con cerca de 3.000 colombianos a bordo, y la Defensoría del Pueblo ha documentado el trato inadecuado que muchos de ellos reciben durante el proceso de expulsión.
“Las deportaciones violan el debido proceso. No hay una verificación rigurosa de antecedentes. Muchas personas son expulsadas únicamente por su estatus migratorio irregular, no porque tengan antecedentes penales. Aun así, a menudo se les trata como criminales sin serlo”, denunció.
Marín también reportó casos de violencia sexual y de género, separación de familias, malas condiciones en centros de detención, así como la pérdida de pertenencias, dinero y medicamentos esenciales por parte de los deportados.
“Un migrante me mostró una manta de aluminio doblada que usaba como cobija y una barra de cereal como única ración diaria. (…) A otros les suministran ansiolíticos como trazodona sin supervisión médica”, relató.
Asimismo, la defensora advirtió que, desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, Colombia enfrenta un “flujo migratorio inverso”, con más de mil personas cruzando este año la frontera desde Panamá a través de la peligrosa selva del Darién, muchas en condiciones de alta vulnerabilidad.
“Eso conlleva muchos riesgos. Es una zona bajo control de grupos armados en Colombia, lo que los expone también a los peligros del conflicto armado”, advirtió.
Se recrudece el conflicto armado
Marín atribuyó el recrudecimiento del conflicto en Colombia al hecho de que grupos armados como las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) están vinculados a economías ilícitas, entre ellas el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas.
También señaló el fracaso de los ceses el fuego bilaterales entre el Estado y los grupos armados, lo que —a su juicio— ha facilitado la expansión territorial de estas organizaciones.
Dentro del plan de “paz total” del presidente Gustavo Petro, el Gobierno intentó negociar con varios de estos actores armados y hubo un entendimiento inicial con el ELN, pero el proceso fracasó y el grupo intensificó sus ataques.
“La impresión que tenemos es que el ELN nunca estuvo realmente comprometido. El Gobierno sí, pero el ELN nunca lo estuvo”, lamentó Marín.
Atentado contra Uribe Turbay
La defensora calificó como “una alerta grave y muy fuerte” el reciente atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, señalando que no se registraba un hecho similar en los últimos 30 años.
Sin embargo, sostuvo que no cree que el país haya regresado a la violencia política de los años noventa.
Destacó que el Gobierno de Gustavo Petro ha dado “una respuesta adecuada” a la situación y valoró el compromiso de los partidos políticos para que las elecciones presidenciales de 2026 se desarrollen en un clima de libertad y paz.
“La democracia en Colombia hay que cuidarla todos los días. No podemos dar por hecho que las elecciones serán pacíficas. Tenemos que trabajar minuto a minuto para garantizarlo”, advirtió.
Iris Marín, primera mujer en liderar la Defensoría del Pueblo, subrayó que su gestión está centrada en diez prioridades críticas, entre ellas la protección de líderes sociales, los derechos de mujeres, niños y adolescentes, las víctimas del conflicto y el derecho a un ambiente sano.
“Si logramos una acción conjunta en estos temas, la situación de derechos humanos en Colombia puede mejorar significativamente”, concluyó.