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La Cumbre Concordia pide responder a más incertidumbre con más cooperación

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Miami, 13 jul (EFE).- La multinacional del tabaco Phillip Morris International (PMI) denunció este miércoles en Miami (Florida) que Panamá es el “campeón mundial del tráfico de cigarrillos” y pidió a las autoridades panameñas que hagan cumplir las leyes que castigan dicho delito.

Grégoire Verdaux, vicepresidente senior de Asuntos Externos en PMI, habló así en un panel de la Cumbre Concordia de las Américas inaugurada hoy en Miami al se interpelado sobre cómo los sectores público y privado pueden colaborar para frenar el comercio ilícito.

Titulado “Diálogo regional sobre zonas de libre comercio (zonas francas), lavado de dinero basado en el comercio y la seguridad portuaria” y moderado por David Luna, director ejecutivo de la Coalición Internacional contra las Economías Ilícitas, el panel se centró en los perjuicios del tráfico de mercancías ilegales.

Además de Verdeaux intervinieron, entre otros, el ministro de Economía de Guatemala, Janio Rosales, y Gastón Schulmeister, director del Departamento contra la Delincuencia Trasnacional Organizada de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Schulmeister dijo que el crimen organizado y la corrupción va de la mano porque “se necesitan mutuamente”.

Verdeaux dijo que en materia de comercio ilícito hay un “problema” en América Latina y mencionó directamente a Panamá y la zona franca de Colón, adonde llegan cada año “unos 8.000 millones de cigarrillos” principalmente de Asia y de China especialmente.

“Eso es aproximadamente la cantidad total de todos los cigarrillos ilícitos que se consumen en México cada año. Y eso repercute también en los impuestos que faltan, porque, obviamente, los cigarrillos (ilícitos) no pagan impuestos y luego se esparcen por la región”, aseveró.

Según el directivo de PMI, el fisco de República Dominicana deja de recaudar 50 millones de dólares al año en impuestos porque en ese país un tercio del mercado de cigarrillos es ilícito y en Colombia la cifra es de unos 200 millones al año.

Verdeaux instó a “tomar muy en serio” este problema en un momento en que los Gobiernos necesitan más dinero para financiar el gasto público debido a las carencias producidas por la pandemia.

PMI se está “dirigiendo a los Gobiernos” para pedir que hagan cumplir las leyes y tratados vigentes sobre comercio ilícito y se persiga judicialmente a los infractores.

No obstante, indicó que también el sector privado tiene que ocuparse de este asunto, de “tomarlo en sus manos”.

“Tenemos nuestra propia responsabilidad de actuar. No podemos simplemente esperar y, por supuesto, estamos pidiendo marcos regulatorios y cumplimiento (de las leyes)”, aseveró.

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