Ciudad de México, 22 mar (EFE).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló este miércoles al Ejército mexicano por matar con el “uso ilegítimo de armas de fuego” a cinco civiles el mes pasado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Estados Unidos.
La CNDH denunció en un comunicado “violaciones graves a los derechos humanos a la vida, a la seguridad jurídica e integridad personal, por uso excesivo de la fuerza mediante el uso ilegítimo de armas de fuego, que resultó en la muerte de cinco personas, una lesionada de gravedad y una más ilesa con afectaciones inherentes”.
El organismo autónomo del Estado mexicano reportó que los hechos ocurrieron el 26 de febrero en la colonia (barrio) Cavazos Lerma de Nuevo Laredo cerca de las 4.30 horas (11.30 GMT), cuando 21 agentes en cuatro vehículos persiguieron por “sospecha” a las siete personas que iban en una camioneta.
La comisión afirmó que, “sin que mediara amenaza real en contra de la vida” de los soldados “o de terceros”, un “militar accionó su arma de fuego a la parte trasera del vehículo particular, acción que replicaron tres elementos más para dar apoyo al primer tirador”.
La investigación afirmó “que no se encontraron armas dentro del vehículo particular” de las víctimas, que ningún soldado “presentó lesiones” por alguna bala, y que los militares reconocieron que “ninguno vio que del vehículo particular se originaran disparos”.
Ante los hechos, la CNDH acreditó que cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “no se ajustaron a los criterios establecidos, nacionales e internacionales, sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego”.
Por ello, el organismo pidió “que se investiguen y determinen las responsabilidades en materia penal de los cuatro elementos castrenses señalados como responsables y demás personal militar”.
La resolución de la CNDH llega después de la denuncia que el 27 de febrero hizo la asociación civil del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que entonces afirmó que soldados acribillaron a los jóvenes cuando se dirigían a su casa en una camioneta tras salir de una discoteca.
La matanza, que despertó la condena de organizaciones nacionales e internacionales como Human Rights Watch (HRW), ocurrió en medio de las crecientes políticas de militarización del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha asignado a las Fuerzas Armadas tareas de seguridad pública.
“En México no hay masacres, en México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos”, declaró este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador al negar que agentes mexicanos cometan abusos, como señaló esta semana un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos.